La reciente propuesta de la Comisión Europea para establecer nuevos impuestos dirigidos a grandes empresas ha suscitado una fuerte oposición entre los Estados miembros, lo que pone de relieve la creciente discrepancia entre la burocracia de Bruselas y las realidades económicas de los países de la UE. La Comisión ha presentado iniciativas como el “Recurso Corporativo para Europa” (CORE), que tiene como objetivo generar unos 6,800 millones de euros anuales a través de gravámenes a compañías con ingresos superiores a 50 millones de euros. Sin embargo, esta propuesta no ha recibido ningún respaldo positivo desde su presentación.
Particularmente, el “Recurso Propio del Impuesto Especial sobre el Tabaco” (TEDOR) también ha encontrado un camino lleno de obstáculos. La ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson, ha calificado esta iniciativa como “completamente inaceptable”, argumentando que no solo las empresas de tabaco se verían afectadas, sino también las alternativas, como el snus, que es legal en Suecia. Este país ha demostrado, tras tres décadas, una de las tasas de tabaquismo más bajas de Europa, con un 44 % menos de muertes relacionadas con el tabaco en comparación con el promedio de la UE.
La falta de aceptación hacia estas propuestas por parte de los estados miembros resalta una desconexión evidente en los criterios de la Comisión. Los detractores aseguran que los impuestos propuestos perjudicarían a un sector que ha encontrado formas menos dañinas de consumo, como los cigarrillos electrónicos, que son considerados un 95 % menos perjudiciales que los cigarrillos tradicionales según el Departamento de Salud del Gobierno británico.
Sumándose a la controversia, la Presidencia danesa del Consejo de la UE ha defendido un enfoque aún más rígido al proponer importantes aumentos impositivos sobre productos de tabaco y nicotina, impulsados en parte por la presión de diversas ONG. Estas organizaciones han influido significativamente en la creación de normativas que, según se ha informado, podrían perjudicar a los consumidores y a la industria en general.
En medio de este panorama, se está gestando una coalición de países “frugales” que abogan por frenar el crecimiento del gasto público en la UE. Esta alianza, que incluye a Austria, Suecia, Alemania y otros, está presionando para que se reduzca el presupuesto de la Comisión, alegando la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos. La ministra de Europa de Austria ha señalado que no pueden justificar un aumento en el presupuesto de la UE mientras los países miembros enfrentan recortes en sus propios gastos.
El pulso entre la Comisión Europea y los Estados miembros plantea interrogantes sobre la dirección futura de las políticas fiscales en la UE. A medida que se aproxima el 2025, la situación indica que el diálogo sobre cómo equilibrar la salud pública, la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico seguirá siendo un campo de batalla clave en las discusiones de políticas.
¿Se acabará la era del gasto desenfrenado en Bruselas? La respuesta podría depender de la capacidad de los países miembros para unirse y expresar su rechazo a las medidas que consideran inadecuadas, estableciendo un nuevo estándar para la toma de decisiones económicas en la Unión Europea.
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