En recientes declaraciones, se ha observado un giro notable en la política energética de México que podría marcar un hito en la apertura hacia la inversión privada. Directivos de empresas internacionales han destacado que la adjudicación de contratos mixtos entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y socios privados, así como la agilización de permisos para proyectos prioritarios, son señales claras de este cambio. Este contexto fue analizado en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales del BBVA, celebrada en la Ciudad de México.
Katya Samohano, directora general de Iberdrola México, enfatizó que el actual gobierno ha comenzado a reconocer la importancia de garantizar un suministro energético eficaz y competitivo, una promesa que parece alejada de la parálisis inversionista que caracterizó administraciones anteriores. Tras un periodo de incertidumbre, la nueva disposición de abrir el sector bajo regulaciones claras puede ser crucial para el crecimiento económico que había estado estancado.
No obstante, el clima de inversión depende en gran medida de la infraestructura de transmisión y distribución de energía, un aspecto que las autoridades parecen estar abordando pero cuyos resultados aún no son evidentes. Leonardo Robles, vicepresidente comercial de TC Energy, subrayó que los factores que podrían atraer inversión siguen intactos en México: una población en crecimiento, una economía potencialmente robusta y una ubicación geográfica favorable. Sin embargo, advirtió sobre el rezago en la instalación de infraestructura, subrayando que las necesidades actuales debieron haberse anticipado años atrás.
Mencionando la creciente demanda energética en América del Norte, Robles apuntó que México enfrenta un desafío importante en cuanto a la inyección de nuevas inversiones en infraestructura. La urgencia de establecer una red de transmisión robusta se convierte en un aspecto fundamental para asegurar la certidumbre financiera que los inversionistas requieren.
A su vez, Jonathan Pinzón, vicepresidente de Valia Energía, resaltó la claridad que ha proporcionado el gobierno en su rumbo energético, estableciendo prioridades en materias como confiabilidad y transición energética. Aunque los retos son significativos, la voluntad de establecer mecanismos que fortalezcan la infraestructura es un paso crucial que se debe definir a corto plazo.
El interés inversor no solo busca contribuir al crecimiento económico sustentable, sino que también se alinea con los objetivos de descarbonización y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este enfoque podría, a largo plazo, transformar la manera en que México gestiona y distribuye su energía, forjando un camino hacia un futuro más limpio y eficiente.
Hasta el 5 de mayo de 2026, esta apertura parece rumbo a cristalizarse, aunque el verdadero impacto de las políticas actuales se comenzará a juzgar en la práctica con el tiempo. La batalla por un sector energético competitivo y sustentable en México apenas comienza.
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