Donald Trump presentó recientemente su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un extenso documento que aboga por una victoria decisiva en la lucha contra las drogas en Estados Unidos. La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, resumió la esencia del plan en una contundente frase: “Lo que buscamos no es gestionar la crisis. Es la victoria”.
La estrategia se estructura en dos líneas paralelas: la primera se centra en atacar la oferta de drogas. Esto incluye acciones agresivas contra cárteles, el control de los precursores de la producción de drogas, el cierre de rutas de tráfico y la modernización de la vigilancia fronteriza, incluso con el uso de Inteligencia Artificial. La segunda línea se enfoca en reducir la demanda, a través de la prevención, tratamiento, recuperación y respuestas a sobredosis. Sin embargo, el énfasis retórico y los detalles operativos son más notables en la primera línea.
El principal enemigo declarado es el fentanilo. Entre 2021 y 2023, Estados Unidos registró más de 100,000 muertes anuales por sobredosis de esta sustancia, alcanzando un trágico récord de 107,941 en 2022. A pesar de una caída a 72,836 muertes en el periodo que terminó en agosto de 2025, atribuida de manera errónea a la estrategia de Trump, es importante señalar que esta tendencia de disminución se inició durante el gobierno de Joe Biden, bien antes de la implementación del plan actual.
Es relevante destacar que la estrategia no presenta novedades significativas y se basa en principios que ya estaban en marcha. Para que sea más aceptable políticamente, incorpora el enfoque de salud pública, pero no aborda las raíces del problema. Desde la declaración de la guerra a las drogas en 1971 por Richard Nixon, se ha repetido un discurso bélico y criminalizador que ignora factores como la precariedad económica, la soledad, la desigualdad social y la falta de atención a la salud mental, los cuales alimentan la demanda de sustancias.
La evidencia internacional sugiere que esta estrategia podría enfrentar un fracaso similar al de otros modelos anteriores. En Suecia, donde se ha aplicado un enfoque estricto de abstinencia y estigmatización del consumo, los resultados han sido desalentadores, con una de las tasas de mortalidad por drogas más altas de la Unión Europea. En contraste, Portugal optó en 2001 por despenalizar el consumo de todas las drogas y garantizar un acceso inmediato y gratuito a tratamientos, lo que resultó en una disminución de más del 80% en las muertes por sobredosis. La elección del modelo en la Estrategia 2026 sugiere una adhesión al enfoque menos efectivo en términos de salvaguardar vidas.
La relación entre Estados Unidos y México añade una capa de complejidad a esta estrategia. Trump exige a un gobierno mexicano que, según sus acusaciones, protege a cárteles de la droga. Esta contradicción, en la que se pide colaboración a un supuesto cómplice, resulta insostenible. México, además, es un socio comercial clave para EE. UU. y un destino importante para el nearshoring industrial, lo que crea un interés estructural en mantener relaciones estables a pesar de la retórica dura en materia de seguridad.
El verdadero desafío radica en reconocer que las tensiones entre la política y la realidad económica pueden limitar efectivamente las posibilidades de una “victoria”, tal como prometió Sara Carter.
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