Una derrota y un viaje dejan al Gobierno en suspenso

El mismo día en que el Senado debía tomar una decisión que el presidente Gustavo Petro calificó como definitoria para el año de Gobierno que le queda, el mandatario colombiano abordó un avión rumbo a Japón. Su visita a la Expo Osaka 2025 coincidió con una votación en la que el político de izquierdas sufrió una derrota que él mismo ha magnificado, al afirmar que en ella los colombianos “nos jugábamos si avanzamos a una democracia plena o nos devolvemos a los años del crimen desde el Estado y la impunidad”. Al presidente lo acompañaron tres ministras en el viaje, incluida la de Comercio, a quien le pidió la renuncia durante el periplo y por interpuesta persona. Con Petro de viaje en las antípodas del país, fue su ministro del Interior, Armando Benedetti, quien asumió como encargado de la Presidencia la elección del conservador Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Y, siguiendo la línea de su jefe, usó esa instancia para podar y aceptar tácitamente la participación burocrática con la que el Ejecutivo buscó sostener una coalición mayoritaria en el Congreso.

Con Petro fuera del país hasta este domingo, lo ocurrido ha tenido el efecto de congelar al Gobierno y tensar las relaciones con sus aliados en el Congreso, incluso dentro de su propia bancada. El presidente ya había advertido sobre las consecuencias de la elección desde el lunes pasado, cuando la oposición lanzó una fuerte ofensiva al presentarla como el día en que se definiría si él dominaba la Corte Constitucional, una acusación exagerada y ajena al funcionamiento del Tribunal. Lejos de bajarle al tono, Petro entró de lleno en la puja y redobló sus apuestas al señalar a sus rivales de ser fascistas. “La elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, escribió en X dos días antes de la elección y de su viaje.

El Gobierno se movió con llamadas y acercamientos a distintos legisladores, buscando convencerlos de votar por María Patricia Balanta, una jueza de carrera, mujer y negra, que no es cercana al presidente ni a su equipo, pero que aparecía como una alternativa frente a Camargo, de origen conservador y más próximo al expresidente de derechas Iván Duque. La estrategia no funcionó e incluso terminó encasillando a Balanta como un alfil del Gobierno, en lugar de una candidata independiente. Una elección que ya era política se volvió cada vez más partidista y terminó ocupando un lugar central en los equilibrios parlamentarios y en las alianzas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. Y Petro perdió: 62 votos fueron para Camargo contra 41 para Balanta.

Las mayorías en el Senado le han sido esquivas, aunque no imposibles al Gobierno en estos tres años. Petro apostó a consolidarlas en el período electoral, cuando los legisladores deciden entre respaldar al oficialismo —conservando las cuotas burocráticas que poseen y atando parcialmente su suerte a la del mandatario— o sumarse a la oposición, sin burocracia pero con libertad para criticar al gobernante. En esta ocasión, las mayorías optaron por lo segundo y la ira santa se desató con la particularidad de que sus consecuencias aún se desconocen. No solo por la ausencia física del presidente, sino porque la elección, como todas las de funcionarios en el Congreso, se realizó bajo el secreto del voto. Eso ha alimentado conjeturas y sospechas. “Varios senadores y senadoras, incluso del Pacto Histórico, se voltearon a última hora. ¿Les llegaron al precio? El nido de ratas no defrauda a la hora de envilecer la política y la justicia”, escribió este jueves en X el precandidato y exsenador de izquierda Gustavo Bolívar, un petrista purasangre que ha criticado la llegada al Gobierno de representantes de otros sectores políticos.

La primera respuesta, justamente, ha sido pedir la renuncia a tres ministros que fungen como cuotas. Pero no todos son iguales. El más visible es el exsenador Antonio Sanguino, de Trabajo. Su partido está dividido desde 2022, con figuras tan afines a Petro como Gustavo Bolívar —por ejemplo, el ahora senador León Freddy Muñoz— y otras que se alinean con la derecha uribista, como el senador Jotapé Hernández. En lo individual, el ministro es un hombre de izquierda: militó en la guerrilla de la Corriente de Renovación Socialista, hizo parte del movimiento Progresistas que lideró Petro y ha enfocado su cartera en sonadas inspecciones a empresas que el presidente ha señalado por posibles violaciones de los derechos de los trabajadores. La continuidad del cesarense está en duda; su cercanía al Gobierno, no.

Esa situación contrasta con los otros dos ministros a quienes se les pidió la renuncia. Julián Molina, encargado de las TIC y cuota del partido de La U, pertenece a otra colectividad que oscila entre el apoyo al Ejecutivo y la oposición. Molina ha hecho carrera cerca del ministro Benedetti, el encargado de solicitarle la dimisión y, como él, no proviene de la izquierda. La tercera es Diana Morales, ministra de Comercio, que acompaña al presidente en Japón y es la menos conocida de los tres. Ficha del Partido Liberal, llegó a su cargo hace apenas cuatro meses y tampoco proviene de las bases progresistas. Además de sus renuncias, circulan rumores de más cambios. “Se pidió la renuncia a varios directores [de entidades]”, confirmó una fuente de Palacio. Se ha especulado con la salida de cuotas del Partido Verde en entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario, el SENA o Finagro, y de liberales o aliados de La U en Positiva Seguros o la Fiduprevisora. Pero todo está en suspenso hasta el regreso del presidente.

En sus tres años como presidente, Petro ha hecho tanto grandes remezones de Gabinete, con anuncios públicos, como pequeños cambios y ajustes de forma más prudente. De un Gobierno de coalición con sectores moderados —a los que confió asuntos como las finanzas públicas o la Agricultura durante su primer semestre— ha pasado a uno más militante, con ministros más jóvenes y de menor recorrido pero más leales a él, combinados con cuotas burocráticas de escasa incidencia en los programas neurálgicos del Ejecutivo, como Morales y Molina. A seis meses de las elecciones legislativas, el enfoque de este nuevo ajuste puede definir el equilibrio de poderes para los próximos cinco años. “La coalición de gobierno en el Senado se rehace por completo. Su objetivo cambia”, ha prometido por lo pronto el presidente. “Por ahora mis aliado(a)s solo serán quienes supieron en qué consistía la elección y no escogieron el camino de la traición al presidente y al proyecto democrático”. El regreso desde Japón, con el consejo semanal de ministros de la próxima semana, promete novedades.