La violencia en la Montaña Baja de Guerrero, México, sigue su curso implacable, reflejando una realidad desgarradora que ha perdurado durante más de una década. Recientes ataques en las comunidades de Tula y Xicotlán han dejado un saldo devastador: 76 muertos y 25 desaparecidos desde 2014, con un aumento notable en los últimos meses. En un ciclo que parece interminable, los pobladores enfrentan un nuevo embate por parte del grupo criminal Los Ardillos, originario del municipio de Quechultenango.
La policía comunitaria, conocida como CIPOG-EZ, ha levantado la voz para denunciar estos hechos. En medio de una crisis de desplazados, más de 500 personas han abandonado sus hogares, según la CIPOG-EZ, aunque el gobierno estatal reduce esta cifra a cerca de 90. La violencia ha escalado a tal punto que las comunidades se ven obligadas a huir a lugares como Alcozacán, donde han buscado refugio.
Las acusaciones de complicidad por parte de las autoridades son palpables. Jesús Plácido, líder de la CIPOG-EZ, señala que el Ejército, responsable de mantener la seguridad en la zona durante años, ha retirado sus retenes, lo que ha permitido a Los Ardillos actuar con mayor impunidad. Los ataques, que incluyen el uso de drones y armamento pesado, han elevado la tensión y el miedo entre la población local.
Los Ardillos no solo operan con el objetivo de controlar territorios; su influencia se extiende al ámbito político. Guerrero se prepara para un año electoral en 2027, lo que intensifica los enfrentamientos. Los grupos criminales buscan controlar la asignación de recursos municipales y, en un contexto donde las amenazas y asesinatos de candidatos son comunes, su presencia se vuelve aún más inquietante.
La incertidumbre reina en la región. La retirada del Ejército ha dejado un vacío de seguridad que ha sido rápidamente llenado por los ataques armados. Un reciente informe de las autoridades estatales reconoció el desplazamiento de casi 100 personas en Tula y Alcozacán, mientras que videos compartidos por la CIPOG-EZ muestran a grupos de mujeres y niños pidiendo ayuda desesperadamente. “Nos están dejando morir. Tememos por nuestras vidas”, claman.
Entre los episodios más recientes de tragedia, se destaca un ataque en abril, donde cuatro integrantes de la CIPOG-EZ fueron asesinados en Xicotlán mientras trabajaban. Además, el 2 de mayo, otros dos miembros de la comunidad fueron emboscados en su camino de regreso a Alcozacán, una representación vívida de la lucha constante por la supervivencia en este rincón de Guerrero.
Mientras el gobierno estatal declara esfuerzos para reforzar la presencia institucional, la realidad en el terreno sigue siendo sombría. La búsqueda de respuestas continúa, pero las autoridades parecen atrapadas en un juego de sombras, incapaces de ofrecer soluciones efectivas a un conflicto que ha arrasado con la vida de miles y ha llevado a la desolación a muchas comunidades. La voz de la población, a través de sus representantes, se alza en un llamado urgente: el momento de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde.
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