El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprovechado su conferencia de este lunes, aniversario de las elecciones catalanas, para lanzar un mensaje de alerta al resto del Estado: “Si en la próxima legislatura española hay un Gobierno del PP y de Vox, no será por culpa del independentismo”, ha dicho el republicano. Para Aragonès, un eventual Gobierno entre los de Pablo Casado y Santiago Abascal sería el resultado “de la poca valentía del Ejecutivo central para afrontar las grandes cuestiones que permanecen sin resolver, entre ellas el conflicto político en Cataluña”. Esas declaraciones coinciden además con la resaca de los comicios en Castilla y León, donde se podría producir dicho pacto.
La CUP ha plantado al president
En protesta por lo que considera una falta de compromiso del republicano con los acuerdos por los que los anticapitalistas aceptaron investirlo. Sí ha asistido la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el jefe de la oposición, el socialista Salvador Illa. Ante ellos, el resto del Govern y ante representantes del mundo económico, social y cultural de Cataluña, el president ha pedido al Ejecutivo central que mueva ficha en la mesa de diálogo, aceptando eso sí que cualquier negociación tenga sus altos y bajos. “Cumplir con las obligaciones no es una propuesta”, ha criticado Aragonès, haciendo referencia a la llamada Agenda del Reencuentro, el documento de incumplimientos que varios Ejecutivos catalanes habían presentado al Gobierno y que Pedro Sánchez ha hecho suyos para intentar desinflamar la situación en Cataluña.
El presidente catalán ha aceptado que los indultos han sido un gesto importante, pero también ha pedido continuar por la vía señalada por el Consejo de Europa. “Comenzando por retirar las causas contra el presidente Carles Puigdemont y el resto de políticos exiliados”, ha asegurado desde el salón oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña. También ha insistido en la llamada vía escocesa, el referéndum pactado de independencia. “Canadá y Quebéc se dotaron de unas reglas del juego, una ley de claridad que determina el camino a seguir, ofreciendo seguridad a todas las partes”, ha recordado Aragonès, poniendo así sobre la mesa una propuesta que no implique poner fecha a un referéndum pero si alistando su arquitectura legal.
“Estamos ante una situación de bloqueo. Eso no debe sorprender a nadie. Las posiciones estaban muy lejos”, ha dicho Aragonès respecto al diálogo. El president ha hecho un llamamiento a comenzar una movilización en defensa de “los grandes consensos catalanes”, en referencia a ideas que tienen apoyo más allá del independentismo ―como que el centro de gravedad de la educación sea el catalán―, para presionar al Ejecutivo central. Esos consensos, ha insistido, deben interpelar a “la Cataluña completa”. El republicano también ha querido remarcar la necesidad de que el Ejecutivo central muestre su verdadero compromiso con el diálogo. “Si alguno entiende que un proceso de negociación es solo un peaje táctico que hay que pagar para gobernar el Estado es que no ha entendido nada”, ha dicho.
Los anticapitalistas piden hechos
En un comunicado de la tarde de este lunes, la CUP pide al president “que trabaje para volver a la esencia del 14 de febrero poniendo un horizonte claro hacia el referéndum de autodeterminación y priorizando los intereses de la mayoría de la población”. Aragonès había hecho una ronda de contactos con los partidos y formaciones independentistas de cara a nutrir su conferencia. La CUP le canceló la cita la primera vez, para irse a dar apoyo a varios activistas a favor del derecho a la vivienda que irán a juicio por causas en las que la Generalitat está personada. La reunión finalmente se realizó, pero quedó en evidencia la distancia entre republicanos y anticapitalistas. En la CUP creen que el Govern “no ha hecho suficientes pasos adelante para impulsar cambios sustanciales que supongan una ruptura con las políticas sociovergentes de los últimos 30 años y sigue estancado en un marco de pasividad ante el Gobierno del Estado y de seguidismo a los intereses de la patronal y Foment”, dice la nota.
La CUP aceptó investir a Aragonès hace poco menos de un año, con un pacto que no incluía a Junts y que entre otras cosas exigía que los Mossos no se personaran en causas contra activistas (el límite es que haya agresiones hacia funcionarios), que se estudiara el modelo de seguridad pública y se revirtieran algunas externalizaciones de empresas sanitarias, entre otros. Los anticapitalistas, insatisfechos con cómo se iban cumpliendo esos compromisos, votaron en contra de los actuales Presupuestos de la Generalitat, rompiendo así el bloque secesionista.
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