Se investigan empresas que defraudaron al Instituto Nacional Electoral por más de 8 mil 870 millones de pesos
La Auditoría Superior de la Federación identificó un esquema de corrupción en el que cinco empresas simulaban competencia para obtener contratos lucrativos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales (Oples).
Durante más de una década, cinco empresas habrían operado un esquema para defraudar al Instituto Nacional Electoral (INE) por una cantidad que supera los 8 mil 870 millones de pesos.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández, reveló que estas empresas simulaban competencia en las licitaciones del INE y de Organismos Públicos Locales (Oples), pero en realidad estaban bajo el control administrativo de personas idénticas.
Según Hernández, una vez que una empresa ganaba un contrato, subcontrataba a otra empresa que participaba en el concurso de licitación, lo que formaba parte del modus operandi de la red de corrupción identificada por los auditores.
Las empresas ganadoras no tenían la capacidad para cumplir con los contratos debido a la falta de empleados e infraestructura, lo que sugiere una falta de profesionalismo y transparencia en el proceso de licitación.
El titular del Órgano Interno de Control del INE reconoció que su institución también detectó este modus operandi, aunque no se explicó cómo no se tomaron medidas para evitarlo.
La investigación reveló que las empresas que defraudaron al Instituto Nacional Electoral (INE) simulaban competencia para obtener contratos lucrativos. Estas empresas presentaban registros laborales reducidos o nulos, lo que permite facturar cientos de millones con solo unos pocos trabajadores.
Según el titular del Órgano Interno de Control del INE, la red detectada en el institución contó con conexiones entre servidores públicos y las empresas beneficiadas. Esto sugiere que el esquema no se habría logrado sin la participación activa de funcionarios gubernamentales.
El Órgano Interno de Control del INE identificó redes de vínculos entre los grupos involucrados, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas. Esto resalta la complejidad del esquema de corrupción y la necesaria cooperación entre servidores públicos y las empresas beneficiadas.
Se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa contra cinco personas por faltas graves, aunque su identidad se reservó. Las primeras irregularidades detectadas ocurrieron en mayo de 2025, pero no se explicó por qué no se advirtió a las autoridades con anterioridad.
Datos basados en información reportada originalmente por El Financiero Nacional.
Puedes republicar esta nota, completa o en parte, citando a Información Center con un enlace a ella (licencia CC BY 4.0). Las fotos no están incluidas.
