Auditoría Superior revela cómo operaban empresas proveedoras del INE; ganadora subcontrataba a la otra

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que dos compañías, identificadas con las siglas "GC" y "GHC", han acumulado contratos y operaciones por más de 8 mil 870 millones de pesos con diferentes entidades públicas en el ámbito electoral.

Estos contratos se dieron principalmente en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) de distintas entidades de México, entre 2014 y 2026. De este monto, aproximadamente 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales.

Según el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, se detectó que estas empresas tenían redes de vínculos entre sí y con funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas.

Las investigaciones sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) avanzan con fuerza, según declaró el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se ha comenzado una investigación de oficio para determinar las irregularidades cometidas en el INE y se está examinando su relación con otros organismos públicos locales electorales.

También se están investigando las empresas que han sido contratadas por el INE, incluyendo las que facturaron millones de pesos a pesar de tener pocas o ninguna fuerza laboral. Se ha detectado una estructura irregular en la forma en que operan estas empresas y sus relaciones entre sí.

Se observó que algunas de estas empresas tienen vínculos con funcionarios y servidoras públicas, lo que plantea graves preocupaciones sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral.

Se ha identificado una posible estrategia para garantizar la adjudicación de contratos a ciertas empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE), que podría estar relacionada con la creación de barreras competitivas desleales. Estas prácticas podrían incluir precios y condiciones poco favorables para el patrimonio público.

La Auditoría Superior está llevando a cabo un estudio exhaustivo para determinar los orígenes de estas conductas, desde su inicio en las operaciones relacionadas con organismos electorales y estos grupos empresariales. El objetivo es combatir la corrupción que ha afectado recursos asignados a funciones importantes.