Petro lanza una rama de olivo a las cortes con su nuevo ministro de Justicia

“En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de Justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete”, ha escrito en X Gustavo Petro, el muy tuitero presidente de Colombia, este jueves. El mandatario de izquierdas hacía alusión al muy fuerte choque que protagonizaron hace más de una década su ahora miembro de Gabinete y el entonces presidente de derechas, Álvaro Uribe Vélez. Pero no solo era una mención a la historia política reciente. También era un claro guiño a una cúpula judicial con la que Petro ha mantenido tensiones y roces en sus tres años de mandato, a sus “magistrados perseguidos” que serían la contracara de otros togados, a quienes critica. Así, la designación de su cuarto ministro de Justicia, y el primero que fue presidente de una de las altas cortes, le permite a Petro mantener sus cuestionamientos a quienes revisan algunas de sus decisiones más trascendentes, pero enfocar sus ataques ya no en los tribunales completos -algo por lo que le han llovido cuestionamientos- sino en algunos de sus miembros.

La relación entre Petro y las cortes ha sido difícil. El presidente, que se ha quejado de la dificultad de sacar adelante sus reformas y de las limitaciones que tiene el jefe de Estado – “no hemos conquistado el poder, hemos conquistado un gobierno administrador acorralado por otros poderes”, dijo en entrevista a este diario- siente que entre las togas hay enemigos agazapados de su proyecto político, el que ha llamado el “Gobierno del cambio”, que no en vano es el primero de izquierdas de la Colombia reciente. Eso no siempre fue así.

Como congresista, durante la última década del siglo pasado y la primera del presente, el hoy presidente fue defensor de la Rama Judicial. Lo fue, especialmente, cuando esta se convirtió en un baluarte contra el que era un poder casi omnímodo de Álvaro Uribe Vélez, el popular mandatario de derechas que logró hacer cambiar la Constitución para avalar la reelección y así sumar un segundo cuatrienio en las elecciones de 2006, para luego chocar con la negativa de la Corte Constitucional de aprobar otro mandato, en 2009, y llegar a una insospechada pugnacidad con una Corte Suprema que investigó la infiltración del paramilitarismo entre los congresistas que lo apoyaban, incluyendo a su primo Mario Uribe Escobar. Petro investigó el fenómeno conocido como parapolítica, defendió a capa y espada a unos magistrados que fueron víctimas de seguimientos e interceptaciones por el Gobierno, y terminó de la misma orilla de su nuevo ministro, quien denunció que Uribe lo buscó para indagar por el caso de su primo. Ese choque, que pasó por una fallida denuncia penal de Uribe a Valencia Copete, por supuesta calumnia, dejó a Petro y a la cúpula judicial en la misma orilla.

Eso cambió a medida que avanzó su Gobierno. Inicialmente los roces fueron menores, como la molestia de los magistrados cuando Petro no llegó a tomarle posesión a dos de ellos, a fines de 2022. Pero a medida que el presidente fue asumiendo un discurso más combativo contra otros poderes, la cordialidad dio paso a la frialdad, y esta al franco choque. Primero, a inicios de 2024 llamó a sus simpatizantes a movilizarse frente a la Corte Suprema, cuando esta tardaba en elegir a una nueva fiscal general de la terna que había enviado para definir el reemplazo de un fiscal convertido en su opositor político. El 8 de febrero, cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Justicia de Bogotá. Faltaban cinco días para que saliera el fiscal anterior, y la Corte sumaba dos meses de debate, algo que Petro había llamado “incumplimiento del deber judicial”. Ese día, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, dijo ante los micrófonos que “la democracia quedaba en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia”.

Luego, la Corte Constitucional anuló apartes de la reforma tributaria que logró el presidente en sus primeros meses; devolvió al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo; dejó coja la Ley de Paz Total, que le permite negociar con estructuras criminales; o dejó sin piso jurídico la creación del Ministerio de Igualdad por vicios en su trámite, aunque postergó los efectos de su decisión hasta 2026. Y, por su lado, el Consejo de Estado ha suspendido o anulado otras decisiones sustanciales del Ejecutivo.

El presidente ha cuestionado algunas de esas decisiones, algo que ha pasado con todos los mandatarios, pero ha ido más allá: ha señalado a las cortes de formar parte de un “golpe blando” en su contra, de hacerle juego al lawfare o de formar parte de un “bloqueo institucional” que solo se puede superar mediante una Asamblea Constituyente. Recientemente, sus mayores críticas se han dirigido a la Corte Constitucional, que tiene en sus manos el futuro de su reforma pensional, uno de los pocos cambios legislativos de fondo que ha podido sacar adelante. “Se generaron unas cortes ultraconservadoras, mancilladas por el cartel de la toga y el clientelismo judicial y que no congenian con el Estado Social de Derecho”, escribió en septiembre, en una interpretación de la historia reciente del país, y pese a decisiones de avanzada de esa misma justicia en asuntos que van del aborto a la no reelección.

Esas críticas generales son las que ha venido ajustando. Sobre la reforma pensional, por ejemplo, ha centrado sus cuestionamientos en el ponente de la Corte Constitucional, su presidente Jorge Enrique Ibáñez. “El magistrado Ibáñez por su odio ideológico no puede actuar como juez imparcial”, escribió en julio. “Los magistrados nos impidieron hacer la carretera, no sé qué estaban pensando el señor Ibáñez y sus amigos”, lo cuestionó en un consejo de Ministros televisado apenas tres días antes, en alusión a una sentencia previa. “Ibáñez solo busca desesperadamente ver cómo le hunde la ley pensional a los viejos y viejas de Colombia. Cómo le hunde a la tercera edad sus derechos“, escribió, una vez más, este jueves.