Pena de muerte en Cuba: La CIDH expresa su preocupación ante disposiciones ambiguas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la permanencia y ampliación de la pena de muerte en la legislación cubana. Durante el 197º período de sesiones del organismo, celebrado recientemente en Ciudad de Panamá, la CIDH alertó sobre disposiciones ambiguas que podrían afectar el ejercicio de libertades fundamentales.

Según informes, la redacción de normas penales podría exponer a sanciones a ciudadanos que ejercen derechos básicos como la expresión, reunión y asociación. La CIDH también reiteró su postura a favor de la abolición de la pena capital y solicitó la liberación de personas encarceladas por motivos políticos.

La Comisión cuestionó además la falta de independencia judicial en la isla, lo que genera temor entre la población según sus expertos. Esta situación se da en un contexto en el que la pena de muerte permanece contemplada en el Código Penal cubano, aunque no se aplica desde 2003.

La reforma penal de 2023 elevó de 20 a 24 la cantidad de delitos que pueden ser castigados con la máxima sanción. De estos, más de la mitad están vinculados con delitos contra la seguridad del Estado. El debate sobre la pena de muerte volvió a tomar fuerza después de que la Fiscalía General de la República advirtiera que acusados por un presunto intento de infiltración armada podrían enfrentar penas que llegaran a la pena de muerte.

La CIDH expresó su preocupación ante esta situación, que podría afectar el ejercicio de libertades fundamentales en Cuba. La Comisión ha sido crítica con la legislación cubana en lo referente a la pena de muerte y la falta de independencia judicial.

El debate sobre la pena de muerte sigue abierto en Cuba, donde más de la mitad de los delitos sancionables con la máxima sanción están relacionados con delitos contra la seguridad del Estado. La CIDH seguirá monitoreando la situación y expresará su preocupación ante cualquier medida que afecte las libertades fundamentales de los ciudadanos cubanos.

La legislación cubana prevé la pena de muerte para varios delitos, incluyendo el asesinato. Esto se suma a las preocupaciones internacionales sobre las libertades públicas y la falta de garantías judiciales en Cuba.

En 2023, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, había afirmado que la pena capital seguía siendo una herramienta válida para proteger al Estado y a los ciudadanos. Esta postura se inserta en un contexto de denuncias sobre restricciones a las libertades y detenciones arbitrarias.

La organización Prisoners Defenders ha registrado 1,351 presos políticos en Cuba, según su informe de septiembre de 2026. Esto representa la cifra más alta desde que se inició el registro y documenta 318 nuevos casos en los últimos 12 meses.

El listado de presos incluye a opositores, activistas, artistas, periodistas independientes y manifestantes, muchos de ellos relacionados con las protestas del 11 de julio de 2021. Esta cifra se suma a la evaluación negativa que hace Freedom House sobre el estado de libertad en Cuba.

La isla figura en la categoría de países "no libres" según el índice de Freedom House, con una calificación de nueve puntos sobre 100 y la peor valoración del hemisferio occidental.

La CIDH ha emitido una advertencia sobre la legislación cubana que amplía la pena de muerte, lo que genera preocupación entre los organismos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en informes previos limitaciones sistemáticas a la libertad de expresión y otras libertades públicas en Cuba, lo que sugiere una falta de garantías judiciales y respeto por los derechos humanos. La CIDH conserva facultades para monitorear la situación de los derechos humanos en el país, pese a que Cuba no sea miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La advertencia de la CIDH se suma a las críticas de otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han denunciado el uso de figuras penales para castigar formas de disidencia pacífica en Cuba.