Nueva ley busca ordenar información catastral en México

En México, la propiedad inmobiliaria es un patrimonio invaluable para muchas generaciones, pero la falta de registros completos y actualizados ha obstaculizado su aprovechamiento y la recaudación de impuestos.

La reciente Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada en octubre pasado, busca ordenar esta información y brindar certeza jurídica a los propietarios. Una de las innovaciones más importantes de la ley es la creación de una clave de identificación de inmuebles que vincula sus características físicas con su situación jurídica.

Esta medida debería reducir la duplicidad en la información y facilitar los trámites, permitiendo que propiedades que actualmente quedan fuera de la base tributaria sean incluidas. Sin embargo, modernizar el catastro también plantea desafíos para establecer valores justos y equitativos para las propiedades.

En el Valle de México, ya se está debatiendo cómo abordar este tema. Un proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana había propuesto actualizar los registros para acercar los valores catastrales a los comerciales, pero ante las inquietudes ciudadanas, las autoridades decidieron revisar ese apartado en octubre pasado.

La ley no pretende equiparar automáticamente los valores catastrales con los de mercado ni aumentar el predial. Las bases y tasas seguirán siendo determinadas por las disposiciones locales.

La propuesta para actualizar valores en la nueva reforma catastral plantea un desafío importante: equilibrar el reconocimiento del valor de las propiedades con la carga que implica para los propietarios.

Una posible solución se puede encontrar en Texas, donde los distritos de valuación estiman el valor de las propiedades y las autoridades tributarias fijan las tasas. En este sistema, la valuación generalmente corresponde al precio de mercado, pero hay un límite a la inflación anual del valor gravable de las viviendas habituales elegibles, que no puede superar el 10%.

Además, en Texas, los propietarios tienen derecho a impugnar la valuación de sus propiedades. Esta medida garantiza que se consideren aspectos técnicos y situaciones particulares, como la capacidad de pago del propietario. Este equilibrio es fundamental para evitar cargas desproporcionadas.

La experiencia de Texas también destaca la importancia de establecer límites a incrementos abruptos en el valor de las propiedades. Esto permite proteger a los propietarios que pueden verse afectados negativamente por una revaluación repentina, como podría ser el caso de una persona jubilada que compró su vivienda hace treinta años y ahora enfrenta un aumento significativo en sus impuestos.

La reforma catastral busca legitimar el cobro del predial a través de mejoras visibles en las áreas donde se recauda. Sin embargo, esta promesa puede resultar insuficiente para aquellos que pagan cantidades elevadas y siguen encontrando problemas como baches, alumbrado deficiente o espacios públicos deteriorados.

Una forma de fortalecer la legitimidad del cobro del predial es establecer un mecanismo en el que una proporción definida de las recaudaciones regrese a las colonias y comunidades que generan dichas ingresos. Esto podría realizarse mediante programas de mantenimiento y obras priorizadas con los vecinos.

La transparencia también juega un papel fundamental para legitimar el cobro del predial. Cada zona debería conocer cuánto contribuye, qué recursos recibe y cómo avanzan los proyectos en su área. De esta manera, los contribuyentes pueden defender sus derechos y encontrar una correspondencia razonable entre el pago de predial y los servicios públicos que reciben.

La reforma catastral ofrece la oportunidad para realizar una transformación fiscal profunda en México, una necesidad que ha estado pendiente durante décadas. La legitimidad del nuevo sistema dependerá de la capacidad de los contribuyentes para conocer cómo se valúan sus propiedades y defender sus derechos.