Milei busca derribar los muros ambientales que limitan el extractivismo en Argentina

El Gobierno de Javier Milei no quiere trabas al desarrollo energético y minero de Argentina ni a cualquier otra actividad económica que atraiga capitales extranjeros y potencie el crecimiento. Tras aprobar un régimen especial de incentivos para las grandes inversiones, el Ejecutivo ultra trabaja ahora en la eliminación de los muros de contención legales que en los últimos 15 años limitaron el desarrollo de actividades extractivas y de otras con un fuerte rechazo social por su impacto en el medio ambiente, como la salmonicultura industrial.

La reforma de la Ley de Glaciares que el Congreso debatirá en febrero, los cambios legislativos promineros aprobados este mes en la provincia occidental de Mendoza y la apertura a la salmonicultura en Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, forman parte de una estrategia común que reduce las prohibiciones ambientales y deja en manos de las provincias la evaluación caso por caso de los proyectos.

La Ley de Glaciares, una de las normas vertebrales del derecho ambiental argentino, se sancionó en 2010 tras una larga disputa con el lobby minero. La normativa protege los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce: abastecen de forma directa a siete millones de personas, en su mayoría residentes de provincias áridas como Mendoza o San Juan, lindantes con la Cordillera de los Andes.

De lograrse la reforma que impulsa el Gobierno, la prohibición absoluta para la minería que rige en esas áreas sensibles desaparecería. “Se busca reemplazar la protección automática por evaluaciones provinciales condicionadas a la función hídrica, lo que abriría la puerta a actividades extractivas que hoy están prohibidas”, advierte el abogado ambientalista Lucas Micheloud.

De los más de 300 proyectos mineros en carpeta, solo una decena se ven limitados por la ley actual, pero la industria mantiene una oposición férrea a la normativa desde su aprobación y presiona más que nunca ahora que tiene un Gobierno afín a sus intereses y necesitado de generar divisas a través de las exportaciones. La legislación actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, según el Ejecutivo de Milei. En cambio, la reforma presentada “propone reglas claras”, “protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, sostiene la Casa Rosada.

Más de 30 organizaciones ambientalistas alertaron en conjunto que “en el actual contexto de sequías y retroceso de glaciares como consecuencia del cambio climático, cualquier modificación a la Ley de Glaciares debería ser progresiva y ampliar el nivel de protección evitando siempre dar pasos hacia atrás”. Bajo el título Sin agua no hay desarollo posible, el documento avalado por Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Red Universitaria por la Crisis Climática, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Banco de Bosques y Fundación Biodiversidad, entre otras entidades, concluye que “la conservación de los glaciares resulta fundamental en la lucha contra la crisis climática”.

En las provincias, el giro proextractivo avanza a ritmo acelerado. En un distrito reconocido por la vitivinicultura como Mendoza, la legislatura aprobó semanas atrás una reforma que flexibiliza los controles para la actividad minera, en particular para la explotación del cobre, reabriendo la puerta a proyectos de gran escala que desde hace 14 años permanecían bloqueados por la resistencia social. De hecho, las protestas ciudadanas contra la reforma comenzaron durante el debate legislativo y aún continúan: organizaciones vecinales y ambientalistas, junto a personas autoconvocadas, se manifestaron este martes frente a la sede de la gobernación mendocina para expresar su rechazo a la megaminería por los riesgos de contaminación que implica. “El agua no se negocia” y “sin agua no hay futuro” fueron las principales consignas.

Para los movimientos ambientales, se trata de un retroceso histórico en una provincia en la que el agua es un bien escaso y la oposición ciudadana a la megaminería ha sido masiva. “Bosques y glaciares son las dos leyes vertebrales de la legislación ambiental argentina. Lo que estamos viendo es una inversión de prioridades: los derechos colectivos al agua y a la naturaleza quedan subordinados a los derechos económicos”, advierte Micheloud.

Salmoneras en Tierra del Fuego

En el extremo sur del país, la legislatura provincial de Tierra del Fuego habilitó por un solo voto la salmonicultura, una actividad resistida por organizaciones ambientales y por sectores turísticos preocupados por su impacto potencial sobre un ecosistema único. El biólogo Tomás Chalde introduce matices en el debate: “El impacto ambiental puede ir de 0 a 100. Depende del sistema de producción y, sobre todo, de la capacidad de control de la autoridad de aplicación”, explica. Chalde señala que existen tecnologías de recirculación cerrada (RAS) con impactos ambientales muy bajos. El punto crítico, advierte, es si el Estado argentino cuenta con capacidad técnica y regulatoria suficiente para exigir y fiscalizar esos estándares y si tiene voluntad para hacerlo.

El derribo de los muros de protección ambiental ocurre en un escenario social y económico muy distinto al de unos años atrás. En Tierra del Fuego, por ejemplo, se han destruido más de 10.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, de acuerdo al Centro de Economía de Política Argentina (CEPA). El temor al desempleo es hoy la principal preocupación de los argentinos, por delante de la inflación, según el último informe de la consultora Synopsis. Las protestas contra las salmoneras de 2019 han perdido fuerza seis años después y las promesas de creación de puestos de trabajo suenan más atractivas que antes.

Los críticos opinan que el cambio en curso va más allá de lo económico y sitúan la pelea en un escenario global de competencia creciente por alimentos y minerales críticos. “Argentina pasa a formar parte de un canje de dinero por naturaleza. Para eso se necesitan nuevos marcos legales y las provincias terminan convalidando reformas en contra de lo que expresa la mayoría de la población”, señala Micheloud, codirector de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

Entre la promesa de inversiones y el temor a un retroceso ambiental de largo plazo, Argentina discutirá hasta dónde está dispuesta a correr los límites ambientales en aras del crecimiento económico.