Los periodistas acreditados podrán regresar a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, a partir del lunes, tras más de una semana de acceso restringido por una acusación de espionaje. Esta decisión ha sido confirmada por una fuente del gobierno actual, liderado por Javier Milei, quien había impuesto esta inédita restricción desde el 23 de abril, afectando a más de cincuenta reporteros.
La medida, considerada como “preventiva”, surgió tras una investigación judicial impulsada por la Casa Militar, encargada de la seguridad en la sede presidencial. Esta investigación se dirigió a dos periodistas del canal Todo Noticias, quienes habían grabado en áreas que, presuntamente, estaban restringidas y sin autorización. Sin embargo, los propios reporteros argumentaron que contaban con los permisos necesarios para realizar su trabajo, y que los lugares en cuestión son frecuentados incluso por escolares durante visitas organizadas.
La situación provocó una fuerte respuesta de diversas organizaciones, incluidos sindicatos de prensa, que comenzaron a tomar acciones legales, como el amparo judicial presentado por el diario Ámbito Financiero el 24 de abril y la preparación de medidas similares por parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
En un acto de solidaridad, monseñor Jorge Lozano, responsable de Comunicación Social del Episcopado, se acercó a la Plaza de Mayo para mostrar apoyo a los periodistas afectados, haciendo un llamado al diálogo entre la prensa y el gobierno. Sin embargo, la relación entre el presidente Milei y los medios ha sido tensa, caracterizada por descalificaciones a la prensa y comentarios despectivos en redes sociales, donde se ha llegado a expresar un desprecio público hacia los reporteros.
A medida que el lunes se acerca, muchos esperan que este regreso a la Casa Rosada signifique no solo un alivio para los periodistas, sino también un cambio en la dinámica entre el gobierno y los medios de comunicación en Argentina.
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