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Cientos de organizaciones feministas que sostienen los cimientos de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas se encuentran en estado crítico por los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo. Esta es la principal conclusión del informe de ONU Mujeres, En riesgo y sin financiación suficiente, publicado este lunes, que revela un panorama devastador: una de cada tres organizaciones ha tenido que suspender o cerrar programas, mientras que el 78% afirma haber reducido el acceso a servicios esenciales para las supervivientes. Además, más del 40% ha cerrado refugios para víctimas de violencia machista, ha recortado la asistencia jurídica o el apoyo psicosocial y ha disminuido los proyectos de prevención. Y mientras las organizaciones feministas se debilitan, los movimientos machistas se fortalecen, en un contexto de retrocesos y reacciones violentas contra la igualdad de género.
El estudio, basado en una encuesta a 428 organizaciones de derechos de las mujeres y de la sociedad civil en 80 países, concluye que la reducción de fondos no es simplemente un efecto colateral de crisis económicas, sino “una decisión política” que refleja la relegación de la igualdad de género a un segundo plano. “Pero con todos estos recortes y reducciones de fondos, los logros alcanzados hasta ahora corren el riesgo de perderse”, advierte una de las participantes en la encuesta procedente del sur de África. “La violencia sigue aumentando a niveles alarmantes, pero la cuestión ha dejado de ser una prioridad”, añade.
Históricamente, la financiación de las organizaciones y movimientos feministas ha sido mínima y solo ha representado el 1% de la Ayuda Oficial al Desarrollo, a pesar de que la violencia contra las mujeres y las niñas “sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas”, afirma el organismo de la ONU. A nivel mundial, “casi una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física, sexual o ambas al menos una vez en su vida”, sin tener en cuenta el acoso sexual, y unas 15 millones de jóvenes entre 15 y 19 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas. Además, las mujeres representan el 91% de todas las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y, según los datos de 2023, cada día 140 mujeres o niñas fueron asesinadas por alguien de su propia familia.
Con todos estos recortes y reducciones de fondos, los logros alcanzados hasta ahora corren el riesgo de perderse
Encuestada procedente del sur de África
Los recortes han dado el golpe de gracia a un área que ya estaba infrafinanciada. Según el informe, las ONG que en estos momentos permanecen operativas lo hacen en una situación muy delicada: se ven obligadas a realizar despidos “masivos de personal” y “acumulan facturas impagadas de alquileres y salarios”. “Nuestro equipo ha experimentado un aumento de la carga de trabajo y de la tensión emocional”, asegura un responsable de una ONG de Asia y Pacífico.
Y esta situación afecta de forma directa a los servicios que ofrecen. El 89% de los encuestados señala que los recortes han provocado una “reducción elevada o grave en el acceso de mujeres y niñas a servicios de apoyo a supervivientes” y el 78% destaca un impacto elevado o grave en el acceso a los servicios de aborto, salud sexual y prevención del VIH. Casi la mitad de las organizaciones que operan en contextos humanitarios aseguran que podrían desaparecer en los próximos seis meses.
Cierres y despidos
“Dirigíamos tres refugios para supervivientes [de violencia machista] y hemos tenido que cerrar uno. Además, hemos tenido que despedir a un psicólogo y a un abogado y cerrar una oficina regional”, afirma una encuestada de una ONG que trabaja en América Latina. No es un caso aislado. En Camerún, cinco espacios seguros para supervivientes de violencia machista tuvieron que ser clausurados por falta de fondos. En Honduras, la suspensión de programas de capacitación judicial ha deteriorado la respuesta del sistema de justicia a las víctimas. Y en Ucrania, más del 60% de las organizaciones que atendían a mujeres afectadas por la guerra han tenido que reducir o suspender sus actividades.
En una comunidad rural de Laos, los recortes obligaron a poner fin a un programa que ofrecía servicios integrales de salud reproductiva —incluidos la planificación familiar, la atención prenatal y la prevención del VIH— y asistencia jurídica a las supervivientes de violencia machista. Las consecuencias en tan solo unos meses, según los encuestados, han sido evidentes: “Un aumento de los embarazos no deseados, el deterioro de la salud materno-infantil y un incremento de los casos de violencia contra las mujeres”.
Dirigíamos tres refugios para supervivientes [de violencia machista] y hemos tenido que cerrar uno. Además, hemos tenido que despedir a un psicólogo y a un abogado y cerrar una oficina regional
Entre las más afectadas, se encuentran las organizaciones pequeñas y comunitarias, que son las que trabajan más cerca de las mujeres en situación de violencia. En concreto, el 65% de los grupos locales afirma estar “gravemente afectado”. “Quedan muy pocos financiadores y, para organizaciones pequeñas como la mía, prácticamente ninguno; incluso cuando había más recursos, los requisitos para obtener financiación eran bastante engorrosos, a pesar de que somos la primera línea de acción y de que tenemos acceso directo a las víctimas”, afirma una líder comunitaria latinoamericana.
La investigación subraya otro de los efectos más perniciosos: la paralización de las iniciativas de prevención. Un 23% de las organizaciones tuvo que interrumpir sus programas educativos y de sensibilización, y un 35% suspendió proyectos de empoderamiento económico de mujeres. En Tanzania, por ejemplo, un proyecto que ayudaba a 3.000 mujeres a cultivar huertos y vender productos locales —una fuente clave de autonomía— se quedó sin financiación.
Y ante la falta de recursos, las organizaciones han priorizado atender a las necesidades más urgentes, lo que les ha obligado a dejar en segundo plano su labor de incidencia y vigilancia, según afirma el 33% de las organizaciones encuestadas.
Auge de violencia contra la igualdad
Sin embargo, donde se apagan las voces feministas, se fortalecen los movimientos machistas. ONU Mujeres advierte de un auge global de reacciones violentas contra la igualdad de género: uno de cada cuatro países ha reportado retrocesos en los últimos cinco años. En ese clima, las defensoras de derechos humanos se enfrentan a mayores riesgos: un 57% de las organizaciones señala un aumento de amenazas y ataques contra activistas, especialmente en zonas rurales o de conflicto.
Pese a la precariedad, muchas organizaciones intentan adaptarse. Un 45% ha empezado a buscar nuevos donantes, mientras que un 24% trata de diversificar sus fuentes de ingresos. Algunas optan por crowdfunding (proyectos de financiación colectiva) o alianzas con el sector privado. Otras han tenido que fusionarse con colectivos vecinos o incluso, en casos extremos, cobrar por algunos servicios a usuarias que no son supervivientes de violencia.
Estas estrategias, sin embargo, son paliativos frente a un problema estructural, denuncia ONU Mujeres, que considera que la caridad o los proyectos de seis meses no sirven para dar una respuesta global al machismo. Las soluciones pasan, según la institución, por financiación más flexible, a largo plazo, con menos burocracia y muy centrada en las organizaciones locales.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
