(CNN Español) — El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México ordenó este viernes la captura de 83 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, informó en un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes se giraron contra “20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”, se indicó en la nota de prensa.
Según la Fiscalía, se les acusa de “delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”.
La FGR no identificó a los presuntos involucrados y solo agregó que tanto las capturas como las imputaciones en cada caso “se darán a conocer en el proceso penal correspondiente”.
Hasta este sábado las instituciones señaladas no se habían pronunciado públicamente sobre las órdenes de captura. CNN les pidió comentarios y no han respondido.
La decisión del juez se dio a conocer horas después de que la Policía Federal Ministerial de México arrestara al exprocurador general Jesús Murillo Karam.
La Fiscalía lo considera sospechoso de “los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso ‘Ayotzinapa’”.
CNN trata de averiguar si Murillo Karam cuenta con representación legal o cómo se declara ante las acusaciones.
Murillo Karam estuvo al frente de la extinta Procuraduría General durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y dirigió en su momento las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014.
Tanto el arresto del exprocurador como la emisión de las órdenes de captura se dan un día después de que se presentara un informe de la Comisión de la Verdad que investiga el hecho y en el que se concluye que la desaparición de los jóvenes fue un “crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones” estatales, según dijo en conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que no prescriben los delitos que se señalaron en el informe y que desde el Gobierno continuarán trabajando junto a entidades como la FGR para capturar a los involucrados en el crimen y conocer qué les sucedió a los normalistas.
Karina Maciel colaboró en este reporte.
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