El Gobierno del Congo y los rebeldes respaldados por Ruanda se comprometen a un alto el fuego | Internacional

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y el grupo rebelde M23, las dos partes en conflicto en el noreste del Congo, han firmado este sábado en Doha, capital de Qatar, una declaración de principios conjunta para un alto el fuego que incluya la apertura de negociaciones para alcanzar una paz permanente. La RDC y Ruanda, país que apoya al M23, habían alcanzado ya un acuerdo de cese de las hostilidades en Washington en junio pasado, pero esta es la primera vez que los rebeldes se suman a un pacto que abre la puerta al fin de una guerra que se intensificó el pasado enero y que permitió al M23 hacerse con el control de Goma y Bukavu, dos ciudades estratégicas en la región. Sobre el terreno, prosiguen los combates.

La declaración conjunta firmada en Doha prevé un compromiso para alcanzar un alto el fuego que deberá entrar en vigor antes del 29 de julio, así como la apertura de negociaciones para una paz permanente que tienen que comenzar, como muy tarde, el 8 de agosto y desembocar, en el periodo de 10 días, en un acuerdo formal. Ambas partes reconocen el papel clave de mediador jugado por Qatar, así como el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Africana en la búsqueda de una salida negociada. El documento fue firmado por Sumbu Sita Mambu, representante del Gobierno congolés para estas negociaciones, y Benjamin Mbonimpa, secretario permanente de la Alianza del Río Congo/M23.

Entre los aspectos más destacados de esta declaración de principios está el respeto a la integridad territorial de la RDC, la prohibición de todo ataque aéreo, terrestre o marítimo en cuanto quede fijado el alto el fuego y la creación de un mecanismo de supervisión y verificación. Asimismo, se incluye la liberación de presos, el compromiso con el regreso de los refugiados al Congo en condiciones seguras y dignas y un respaldo de ambos contendientes a cooperar con la Misión de Naciones Unidas en el Congo (Monusco) y las instituciones regionales para proteger la vida de los civiles.

Aunque aún quedan conversaciones para esa paz duradera, la implicación directa del M23 en las negociaciones de paz era el requisito imprescindible para acabar con el conflicto del Congo. El acuerdo firmado el pasado 27 de junio en Washington entre la RDC y Ruanda, presentado a bombo y platillo por la Administración de Donald Trump en presencia de su secretario de Estado, Marco Rubio, fue un paso importante hacia la paz, dado que Ruanda sostiene al M23, pero tenía la limitación de que no incluía directamente a los rebeldes. Sin embargo, las conversaciones en Doha nunca se interrumpieron desde la apertura del proceso en marzo pasado.

Patrick Muyaya, portavoz del Gobierno congoleño, se felicitaba en la red social X de la firma de este acuerdo y ponía el acento en el reconocimiento de la integridad territorial del Congo y “la retirada no negociable del M23 de las zonas ocupadas” y del “despliegue” de las instituciones congoleñas. Sin embargo, esta es la cuestión más espinosa. Bertrand Bisimwa, uno de los líderes del M23, aclaraba en la misma plataforma que “no se trata de una retirada sino de la creación de mecanismos de capacitación del Estado que le permitan asumir prerrogativas y obligaciones”. El acuerdo prevé el retorno de la autoridad estatal congoleña a Goma, Bukavu y el resto del territorio ocupado por los rebeldes, pero asegura que el calendario y modalidad de dicho regreso deben fijarse en negociaciones posteriores.

Sobre el terreno y mientras rebeldes y representantes del Gobierno discutían en Doha, los combates han continuado hasta esta misma semana, lo que muestra la dificultad del proceso de paz. El Ejecutivo congoleño acusó al M23 de reforzar sus posiciones en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, especialmente en torno a la ciudad de Uvira. Los enfrentamientos entre los rebeldes y milicias locales que apoyan al Gobierno han proseguido en Rutshuru y Lubero, en la región norte, mientras que en el sur las hostilidades entre grupos armados han provocado el desplazamiento de 37.000 personas solo en el mes de julio, informó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.