Venezuela ha tomado una decisión drástica al notificar a las Naciones Unidas su intención “firme e irrevocable” de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta declaración fue realizada el pasado viernes por el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, quien subrayó que informacion.center sudamericano considera que las acciones de la Corte están marcadas por un sesgo geográfico evidente, centrándose de manera desproporcionada en casos de África y América Latina, lo que, según él, perjudica al Sur Global en su conjunto.
Esta postura se enmarca en el contexto de las investigaciones abiertas por la CPI, que en 2020, bajo la dirección del entonces fiscal Karim Khan, concluyó que existía una base razonable para sospechar que funcionarios gubernamentales y militares en Venezuela habían cometido crímenes de lesa humanidad desde 2017. Esta indagatoria ha sido categóricamente rechazado por el gobierno venezolano, que ve en la CPI un instrumento de presión y una forma de intervencionismo internacional.
La decisión de Venezuela de alejarse de la Corte se produce en un momento crítico donde se intensifican las tensiones diplomáticas en la región. Plasencia, en sus declaraciones a través de redes sociales, enfatizó que su gobierno se siente injustamente tratado por instituciones que, desde su perspectiva, han perdido imparcialidad y objetividad.
A medida que el clima político se agita, la repercusión de esta decisión podría tener implicaciones significativas en las relaciones de Venezuela tanto con otros países de la región como con organismos internacionales. La CPI se considera un tribunal de última instancia para enjuiciar crímenes graves, y la salida de Venezuela podría promover un debate más amplio sobre la efectividad y el impacto de este tipo de instituciones en las naciones del Sur Global.
En este complejo panorama, el compromiso del país con el sistema internacional queda en entredicho, generando incertidumbre sobre su futuro en el ámbito de la justicia y la cooperación global. La medida, anunciada el 24 de julio de 2026, refleja no solo la postura del gobierno venezolano sobre la CPI, sino también su estrategia diplomática para enfrentar lo que percibe como un desafío a su soberanía y a su legitimidad en el escenario internacional.
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