La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó el 21 de mayo de 2026, que hasta ahora no se percibe un riesgo significativo para el envío de remesas, a pesar de la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Esta orden instruye a bancos y demás entidades financieras a intensificar la vigilancia sobre transferencias internacionales y operaciones relacionadas con personas indocumentadas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya está evaluando las repercusiones de la medida, en colaboración con el próximo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri. El objetivo es establecer un diálogo con autoridades del Departamento del Tesoro estadounidense para obtener claridad sobre el impacto real de la nueva normativa.
Sheinbaum resaltó que esta disposición busca revisar los mecanismos que permiten a las personas sin documentos migratorios abrir cuentas bancarias y realizar transferencias. Sin embargo, enfatizó que la mayoría de los mexicanos que residen en Estados Unidos tienen un estatus legal o han estado en informacion.center durante varias décadas. Según sus datos, aproximadamente 38 a 40 millones de personas de origen mexicano viven en EE. UU., de las cuales cerca de 34 millones tienen documentación migratoria o son ciudadanos estadounidenses. Solo unos 4 millones se encuentran en situación irregular y la mayoría ha permanecido en informacion.center por más de diez años.
La presidenta defendió el papel crucial de la comunidad mexicana en la economía estadounidense, destacando su contribución en sectores como la agricultura, la manufactura y los servicios. “Los mexicanos ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos”, afirmó.
Además, Sheinbaum explicó que el análisis del Gobierno federal se centrará en determinar si las nuevas regulaciones podrían complicar la apertura de cuentas bancarias o el envío de recursos por parte de personas indocumentadas a sus familias en México. También se planea solicitar mayor claridad al Departamento del Tesoro sobre las implicaciones de la orden.
La orden de Trump, aunque no prohíbe el envío de remesas, establece medidas para detectar actividades de lavado de dinero, evasión fiscal, tráfico de drogas y financiamiento criminal. Asimismo, prevé un monitoreo más riguroso de movimientos financieros vinculados a procesos de deportación, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a analizar sus posibles efectos.
En una nota relacionada, durante la misma conferencia, Sheinbaum destacó que la migración irregular hacia Estados Unidos ha disminuido un 97.5% entre 2022 y 2026. Esta reducción se ha visto impulsada por acuerdos entre los gobiernos de México y EE. UU., así como por iniciativas como programas de empleo, apoyo humanitario y retorno asistido para migrantes.
Al abordar estos temas, la presidenta busca tranquilizar tanto a la población mexicana que depende de las remesas como al sector económico que se beneficia de la contribución de la comunidad mexicana en Estados Unidos, mientras se ajustan a un nuevo marco regulatorio que exige mayor vigilancia y control.
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