El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al emitir un decreto que fortalece las capacidades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta medida se ha implementado en un contexto crucial: la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará a México en 2026.
A través del Diario Oficial de la Federación, se han publicado nuevos lineamientos que emanan de las recientes reformas a la legislación antilavado. Estos ajustes buscan alinear los estándares de regulación en actividades consideradas vulnerables al mismo nivel que los del sistema financiero. Entre los cambios más relevantes se incluye la regulación de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs), quienes ocupan o han ocupado cargos públicos tanto en México como en el extranjero, así como sus familiares.
El decreto establece también un marco más robusto para la supervisión fiscal. Las autoridades ahora contarán con más facultades, incluyendo la posibilidad de realizar visitas de verificación y solicitar información directa a las entidades que operan en sectores vulnerables, lo que promete un sistema de sanciones más ágil y efectivo.
Con respecto a las PEPs, la UIF tendrá la responsabilidad de confeccionar una lista consultable por los operadores de actividades vulnerables, un esfuerzo vital para garantizar la transparencia y mitigar riesgos en el sistema financiero. Esta obligación de monitorear el estatus de los clientes representa un salto cualitativo en la prevención de operaciones sospechosas.
La evaluación del GAFI se convierte en un punto de inflexión. Este año, el organismo internacional examinará los avances de México en la construcción de un régimen nacional efectivo para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Las autoridades mexicanas se preparan para presentar un informe que detallará los progresos en políticas públicas, así como los mecanismos de coordinación institucional entre las entidades financieras.
También se abordarán las acciones adoptadas para fortalecer las capacidades de análisis en inteligencia financiera, que se articulan con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal del Estado. La Secretaría de Hacienda ha reiterado el compromiso de México con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención del lavado de dinero, así como la mejora continua en la cooperación internacional.
Este enfoque proactivo es esencial para asegurar la integridad del sistema financiero del país y fomentar la seguridad económica. A medida que se avanza hacia la evaluación, la atención de la comunidad internacional estará centrada en cómo México se enfrenta a estos desafíos críticos. La implementación de estas reformas es, sin duda, un intento decidido por parte del gobierno mexicano de posicionarse favorablemente en el escenario global de transparencia y combate al crimen financiero.
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