El Senado de Chile aprobó en la madrugada del jueves una ambiciosa megarreforma legislativa, con la que el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast busca impulsar la economía nacional. Sin embargo, este plan ha recibido críticas por parte de la oposición de izquierda, que sostiene que solo favorece a los sectores más adinerados del país.
La reforma ahora debe ser validada por la Cámara de Diputados, donde los grupos de derecha mantienen una mayoría. Tras la aprobación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó su satisfacción, afirmando que “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”.
Entre las principales medidas del plan se destaca la reducción gradual del impuesto a la renta de las empresas, pasando del 27% al 23%, una cifra que se alinea con el promedio de los países desarrollados. Sin embargo, esta rebaja genera preocupaciones; la senadora opositora Beatriz Sánchez advirtió que cada punto porcentual que se reduzca representa 420 millones de dólares menos para las arcas del Estado.
Además, la reforma propone un congelamiento de las condiciones tributarias durante 20 años para inversiones que superen los 350 millones de dólares. Este enfoque no ha sido bien recibido por la ciudadanía: un 56% de los chilenos se opone a la disminución de impuestos, según una encuesta de Cadem.
La popularidad de Kast también ha comenzado a descender, y su gobierno ha reducido sus expectativas de crecimiento anual del 4% al 3.5% hacia 2030, cuando finalice su mandato de cuatro años. Una joven asistente de cocina en Santiago, Ariela Jofré, expresó su preocupación: “No vale mucho la pena. Aunque pueda haber más inversión, igual es importante que el Estado tenga recursos para salud, educación y otros beneficios”.
El gobierno también defiende una propuesta controversial que contempla el reembolso de inversiones para empresas cuyas licencias ambientales sean revocadas por la justicia. Esta medida, sin embargo, ha agregado más debate al ya tumultuoso ambiente económico chileno.
Finalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha indicado que esta megarreforma podría estimular el crecimiento económico, pero también podría ejercer presión sobre las cuentas fiscales del país. El futuro de esta iniciativa ahora depende de su tramitación en la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate intenso.
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