El Senado de la República arrancó con el análisis y discusión de la reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar la subcontratación laboral u outsourcing.
El proyecto de ley fue aprobado por los diputados federales el pasado 15 de abril y sólo espera la aprobación de la mayoría legislativa, que encabeza Morena, como último paso para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrar en vigor el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, como acordó el gobierno federal, el sector patronal y organizaciones sindicales.
La propuesta presidencial establece que se elimina la subcontratación laboral y que en cambio, se transita a un modelo de contratación de servicios u obras especializadas que podrán ser deducidas cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos.
“Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”, se lee en la propuesta.
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La propuesta permite que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal puedan participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación; aunque deja claro que que éstas no se considerarán patrones, ya que este carácter lo tiene “quien se beneficia de los servicios”.
Las empresas que actualmente realizan outsourcing en sus filas deberán de contratar de manera directa a todos los colaboradores que sean parte de la mismo objeto social o actividad preponderante de la compañía, así como solicitar su permiso cada tres años ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para poder seguir operando.
“Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, especifica.
Las razones sociales que realicen estas actividades de servicios y obras especializadas estarán inscritos en un padrón que será público y de fácil acceso para los patrones que quieran contratarlos.
La nueva política laboral también señala que quien realice outsourcing, así como a quienes presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente se harán acreedores de una multa de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 179 mil y cuatro millones 481 mil pesos.
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Por su parte, establece el monto de la participación de utilidades (PTU) tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Cualquiera de estos esquemas será aplicable con respecto a lo que más convenga al trabajador.
Para la transición a esta nueva normativa laboral el dictamen que discuten los senadores indica que la entrada en vigor de todos estos cambios serán obligatorios para las empresas, en agosto, y para los gobiernos federal y estatales, “en el ejercicio fiscal de 2022”.
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