La reciente reforma constitucional en México que reafirma la primacía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) está generando preocupaciones significativas en el ámbito comercial de Estados Unidos. A medida que se observa una serie de restricciones impuestas a la inversión privada en el sector energético, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha señalado que estas medidas podrían considerarse como una barrera indebida para la inversión estadounidense.
Desde 2018, México ha promovido reformas dirigidas a fortalecer el monopolio de estas entidades estatales, culminando en octubre de 2024 con una enmienda que reclasifica a la CFE y Pemex como “empresas públicas”. Esta decisión se traduce en una limitación para la participación de empresas privadas en el mercado energético nacional, un tema que ha sido ampliamente abordado en el Informe de Estimación Nacional de Comercio del 2026, que extiende sus análisis a 63 socios comerciales, dedicando un espacio específico a México.
El informe destaca que, además de los retos en el ámbito energético, se expresan inquietudes sobre temas aduaneros, farmacéuticos y de telecomunicaciones, entre otros. En el contexto energético, las leyes secundarias de la reforma -publicadas en marzo de 2025- garantizan que la CFE mantenga al menos el 54% de la electricidad inyectada a la red. Esta normativa establece también que la CFE debe poseer una porción mayoritaria en todos los proyectos de generación de electricidad de “inversión mixta”, reforzando su prioridad sobre las entidades privadas en la generación y comercialización de electricidad.
Pero no solo los cambios estructurales son motivo de preocupación. La USTR también enfatiza que el entorno administrativo presenta obstáculos adicionales. Las empresas estadounidenses han enfrentado retrasos inexplicables y rechazos en sus solicitudes para obtener nuevos permisos o modificar los existentes, lo que ha complicado su operación en México. Estos inconvenientes incluyen la suspensión o revocación injustificada de permisos de operación, haciendo que la capacidad de las firmas privadas para funcionar de manera efectiva se vea severamente comprometida.
Además, el informe menciona el impacto de cambios regulatorios, como el reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos, que prohíbe ciertas actividades de transbordo de combustible, lo que no solo incrementa los costos operativos de las empresas estadounidenses, sino que también les otorga una ventaja injusta a Pemex. Cabe recordar que las nuevas regulaciones han acortado el periodo de validez de los permisos de importación y comercialización, favoreciendo aún más la posición de las empresas estatales.
La USTR mantiene un monitoreo constante sobre estas reformas, ya que la incertidumbre en torno a la evolución de las normas sigue presente. En un contexto más amplio, se ha evidenciado una creciente inquietud sobre la capacidad de Pemex para cumplir con sus obligaciones financieras. Las empresas estadounidenses que proveen al sector energético han reportado dificultades sin precedentes para recibir pagos, acumulando atrasos que superan los 2,500 millones de dólares para finales de 2025.
La elaboración del Informe Nacional de Comercio es un proceso que involucra la colaboración de múltiples agencias del gobierno estadounidense y permite visibilizar los retos que enfrentan las empresas en sus operaciones. Las preocupaciones sobre la inversión y las barreras comerciales que resalta el informe no solo reflejan un problema específico, sino que sugieren un cambio de paradigma en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, donde el sector energético se ha convertido en un punto crítico de atención y análisis.
La variedad de barreras identificadas no solo pone a prueba la relación bilateral, sino que también abre un espacio para el debate sobre el futuro del sector energético en México y su potencial para atraer inversión extranjera en un contexto de creciente competencia y regulación. Con una agenda tan cargada y críticas al alza, el camino hacia la normalización de las operaciones en el sector energético mexicano aún parece estar plagado de retos significativos.
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