La reciente legislación para fomentar la inversión en infraestructura estratégica ha sido objeto de un intenso debate en el ámbito político y económico de México. Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, subrayó que esta nueva ley no impulsará automáticamente el endeudamiento, ni autoriza el gasto por sí misma. Estas decisiones seguirán siendo responsabilidad del Congreso, garantizando así que todas las iniciativas de infraestructura se alineen con la disponibilidad presupuestaria y con el presupuesto aprobado por los legisladores.
Galeano enfatizó que ningún proyecto podrá generar obligaciones financieras más allá de lo que previamente se autorice en el presupuesto nacional, reafirmando que esta legislación no sustituye el proceso de aprobación anual del mismo. Aseguró que, si bien se introducen modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los principios fundamentales de disciplina fiscal permanecen intactos.
El objetivo central de esta normativa es establecer un marco jurídico más claro para la planeación, estructuración y coordinación de proyectos estratégicos. Esto es especialmente relevante en situaciones que requieren la colaboración de varias dependencias y la concurrencia de recursos públicos y privados, aspectos vitales para el desarrollo de la infraestructura nacional.
Además, es importante destacar que la nueva ley no alterará la legislación vigente relacionada con la contratación pública ni las normativas sobre obra pública, asociaciones público-privadas, fiscalización o transparencia. De esta manera, se asegura que todos los proyectos deberán adherirse a las reglas actuales de competencia y rendición de cuentas.
Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha manifestado que la ley busca fortalecer la capacidad del Estado para incentivar inversores en proyectos estratégicos, sin comprometer la responsabilidad hacendaria ni las facultades del Congreso. Con este enfoque, se espera que México potencie su infraestructura de manera ordenada y segura, generando beneficios a largo plazo para la economía nacional.
Como actualización, la información presentada aquí corresponde a la fecha del 25 de marzo de 2026.
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