La investigación, detención y posterior liberación en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quedará para los libros como uno de los casos más extraordinarios de la relación bilateral de los que se tenga memoria.
Según las informaciones que se han hecho públicas oficialmente y por el trabajo de reporteros en ambas naciones, la investigación de la DEA y el FBI contra el general data de lustros atrás e involucra las declaraciones de grandes capos –El Chapo incluido–, quienes le acusaban de ser parte de una red de protección a criminales al más alto nivel en el gobierno mexicano durante la administración peñista, incluido el presidente.
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Este proceso en Estados Unidos terminó de manera abrupta con un breve comunicado que levanta más preguntas que las que responde. A la letra dice: “El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales contra el exsecretario para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”.
Según reportó The Washington Post, más que “en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos”, como refirió la comunicación, el gobierno lopezobradorista habría amenazado con limitar las operaciones de la DEA en el país si no se liberaba al general.
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Como haya sido, la claridad de esta historia se ha perdido en las oscuras esquinas de la relación México-Estados Unidos.
Aunque aún no se le exonera del todo podemos ir apuntando que existen buenas probabilidades para que el general Salvador Cienfuegos salga libre de culpas.
Si las pruebas presentadas contra el general tuvieran el peso suficiente como para condenarlo sin duda alguna, nada ganaría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacándolo de Estados Unidos para juzgarlo en México, arriesgando las relaciones bilaterales y de paso ganarse el resentimiento de las Fuerzas Armadas.
Como referimos en este espacio, la 4T tenía un interés mayor en que el general Cienfuegos no fuera un capo de la droga como se le acusaba en EU.
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Sobre los hombros del Ejército, que es la misma tropa del general Cienfuegos, el lopezobradorismo ha decidido construir el edificio de su gobierno en el más literal de los sentidos. Una institución corrupta no podía estar construyendo los símbolos de la 4T para la posteridad, léase los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, los Bancos del Bienestar y parte del Tren Maya.
La administración de Andrés Manuel López Obrador aún no se libra por completo del brete en el que le metió la DEA.
La imagen de su gobierno ante sus gobernados aquí y ante la nueva administración Biden aún depende de la limpieza y claridad con la que se difieran en México las presuntas pruebas en contra del general.
El problema es que este gobierno padece de dislexia, dice una cosa cuando debería comunicar otra en voz del Presidente y sus mañaneras.
Por descontado podemos adelantar que nos vamos a quedar con muchas dudas sobre los términos en los que México sacó al general de Estados Unidos y sobre el proceder de las investigaciones de la FGR en contra de él. Un capítulo más del libro negro.
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El caso Cienfuegos ha demostrado que la 4T ha empeñado su legado sobre el mito de la probidad absoluta de las Fuerzas Armadas, y está dispuesta a arriesgar la relación con EU y su buen nombre en esa apuesta.
Y más importante, sólo es un quemón de lo que es capaz de lograr la cesión de poderes desde el mando civil a favor del Ejército.
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