El 26 de mayo de 2026, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) celebró un hito significativo al aprobar de manera unánime la Ley del Sistema de Cuidados. Este acto lo convierte en la segunda entidad en informacion.center, tras Jalisco, en implementar una legislación que reconoce la importancia de las tareas de cuidado, que a menudo recae desproporcionadamente sobre las familias, especialmente sobre las mujeres.
El marco normativo fue promulgado oficialmente por el gobierno de la ciudad el 2 de julio de 2026. La iniciativa, presentada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina en agosto de 2025, busca redistribuir las responsabilidades del cuidado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad en su conjunto, destacando el valor de las tareas de cuidados como un derecho humano universal e indispensable para la sostenibilidad social.
La ley establece un horizonte a 30 años para asegurar que la infraestructura de cuidados sea accesible para toda la población de la capital. En palabras de Brugada, la meta es erradicar la división sexual del trabajo, un objetivo que, aunque ambicioso, requiere un diseño institucional claro y la asignación de recursos adecuados para su correcta implementación.
Para cumplir con estos propósitos, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha analizado las principales disposiciones de la Ley de Cuidados, así como las implicaciones y los desafíos que plantea. Entre sus reconocimientos más relevantes se encuentra el derecho a cuidar, ser cuidado y practicar el autocuidado. Además, incluye a diferentes grupos de atención, tales como infancias, personas mayores, aquellas con discapacidad y quienes se encuentran en situación de calle.
La normativa establece principios de gratuidad y universalidad en la prestación de los servicios de cuidado, un aspecto fundamental para asegurar que todas las personas tengan acceso a este derecho. No obstante, la ley no se limita a las personas que reciben cuidados; también reconoce la labor de quienes cuidan, especialmente aquellas mujeres cuyas funciones a menudo son no remuneradas.
Desde el punto de vista institucional, la ley representa un cambio significativo en la Administración Pública de la CDMX. Crea un Sistema de Cuidados que se encargará de la coordinación y la infraestructura necesarias para su implementación. Este sistema contará con una Junta presidida por la Jefatura de Gobierno y que integrará a más de 20 dependencias, incluidas las alcaldías y un Consejo Consultivo de Cuidados para fomentar la participación de la sociedad civil en este proceso.
Respecto a los derechos laborales de las personas cuidadoras, la ley también establece un registro de tanto cuidadores remunerados como no remunerados. Se implementará un mecanismo de certificación gratuito para ayudar a profesionalizar el sector, así como incentivos para que el sector privado adopte condiciones laborales que faciliten el cuidado, como la opción de trabajo remoto o permisos especiales.
La aprobación de esta Ley del Sistema Público de Cuidados marca un avance fundamental para garantizar el derecho al cuidado en la CDMX. Sin embargo, su éxito dependerá de las decisiones que se tomen en términos de presupuesto, políticas públicas y otras normativas que se establecerán en el reglamento correspondiente. Este enfoque integral no solo tiene el potencial de transformar la forma en que se gestionan los cuidados, sino que también puede redefinir la estructura social de la ciudad.
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