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Los sindicatos echan este jueves un duro pulso al Gobierno de Javier Milei en rechazo a la reforma laboral. Mientras la Cámara de Diputados debate el proyecto que permite extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y abarata los despidos, el transporte público permanecerá paralizado por la huelga general de 24 horas convocada por la mayor central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT). “No es modernización, es precarización”, advirtió la CGT al anunciar la medida de fuerza contra la iniciativa que pretende transformar el régimen de trabajo que rige, con modificaciones, desde 1974.
La nueva legislación contempla, entre otras medidas, la creación de un fondo para indemnizaciones a costa de desfinanciar la Seguridad Social y la eliminación del pago obligatorio de las horas extras. Impone también límites al derecho a huelga, al establecer servicios mínimos del 75% para los sectores esenciales: salud, educación, transporte, energía y agua.
Además del freno de trenes, autobuses, aviones y barcos, este jueves tampoco habrá atención en la Administración ni en los bancos. No funcionará el servicio de recolección de basura, de transporte de carga y de correo y los hospitales públicos funcionarán bajo mínimos. La Casa Rosada ha anticipado que descontará el día a aquellos empleados estatales que falten a su lugar de trabajo, lo que ha acrecentado el malestar que arrastran por los recortes sufridos desde que Milei llegó al poder, a finales de 2023.
El Gobierno de ultraderecha defiende que es necesario cambiar una normativa “obsoleta” que disuade a los empresarios de contratar. Le atribuye el aumento de la informalidad laboral hasta el nivel récord actual, del 43%. Los sindicatos advierten que la ley cercena derechos laborales conquistados décadas atrás.
El partido oficialista, La Libertad Avanza, se vio forzado a eliminar un artículo incluido a última hora que reducía hasta el 50% el salario de aquellos trabajadores que se enfermasen o sufriesen un accidente. Sus aliados parlamentarios amenazaron con frenar la sesión si el Ejecutivo mantenía el artículo 44 en el texto y retrasaron así los planes del Gobierno de convertir en ley la reforma laboral esta semana.
La sesión en la Cámara Baja será maratónica. De aprobarse el texto modificado, deberá regresar al Senado para su sanción definitiva. Pese al traspié, Milei confía en que la denominada Ley de modernización laboral sea una realidad antes del 1 de marzo, cuando inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso. Los tiempos son clave. En febrero todavía no hay clases y muchos argentinos siguen de vacaciones; marzo, en cambio, marca el inicio del año escolar y la reincorporación del grueso de los trabajadores. Si se alarga el debate legislativo, parte de los recién llegados podrían sumarse a las protestas contra la ley.
El cierre de una fabrica histórica de neumáticos, Fate, caldeó los ánimos en vísperas de la votación. La empresa informó el miércoles del cese de operaciones y el despido de sus más de 900 trabajadores “por los cambios en las condiciones de mercado”. La noticia reavivó las críticas contra la política económica del Gobierno y azuzó el temor a que la situación empeore con la nueva legislación laboral.
La apertura de importaciones decretada por Milei ha hundido a las industrias incapaces de competir con los productos chinos. En los últimos dos años han cerrado cerca de 21.000 empresas, miles más agonizan y se han destruido casi 300.000 empleos formales, según datos oficiales.
La de este jueves es la cuarta huelga general contra el Gobierno de Milei, el más combativo en décadas contra los sindicatos. Aunque la CGT no convocó a manifestarse en las calles contra la reforma, se espera una nueva protesta, liderada por partidos y sindicatos de izquierda. La marcha masiva de la semana pasada terminó con disturbios y represión policial. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que 17 manifestantes habían sido identificados por atacar a las fuerzas de seguridad y los denunció por terrorismo.
Esta vez, el Gobierno ha desplegado un gran operativo de seguridad y ha anunciado que la policía intervendrá ante cualquier conato de violencia. El Ministerio de Seguridad informó el martes que periodistas y camarógrafos deben permanecer en una zona delimitada a fines de “preservar la integridad física”. A través de un comunicado, la cartera instó a la prensa a “evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de Seguridad afectado al operativo” porque, actuar contra esas indicaciones supondría “una autopuesta en peligro”. La Asociación de Corresponsales Extranjeros criticó el intento de imponer “limitaciones al desempeño de los trabajadores de prensa” y “deslindar al Estado de su rol constitucional como garante de la seguridad de los periodistas que cubren información en la vía pública”. Se prevé una jornada de mucha tensión.
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