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La campaña presidencial colombiana avanza en medio de tensión, especialmente desde el domingo. Ese día se conocieron amenazas de muerte contra dos candidatos que compiten por el votante de derecha para pasar a segunda vuelta: primero la senadora uribista Paloma Valencia, y luego el abogado ultra Abelardo de La Espriella. Los dos recibieron en redes sociales una foto, de autor anónimo, que muestra una corona de flores fúnebre con su nombre escrito. La imagen recordó que la violencia política sigue en el panorama. Ya es parte del paisaje ver a los tres punteros, Valencia, de La Espriella e Iván Cepeda en la izquierda, rodeados de escoltas, dando discursos detrás de un vidrio protector, o caminando con agentes de seguridad cargando escudos a sus espaldas. Uno de los candidatos más opcionados, el senador opositor Miguel Uribe Turbay, fue asesinado el año pasado en Bogotá. “Conozco esta violencia como nadie la conoce”, dijo su padre, también llamado Miguel Uribe y también candidato a la presidencia, al conocer las amenazas contra Valencia y De la Espreilla. “A mi no me mandaron una corona, me mataron a mi primera esposa, Diana, la madre de Miguel, y me mataron a mi hijo”.
En Washington, donde el Gobierno de Estados Unidos rechazó el asesinato de Uribe, ya prendieron las alarmas. “La Administración Trump está profundamente preocupada por los recientes reportes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”, dice un comunicado del Departamento de Estado. “Estamos trabajando de cerca con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de la seguridad y garantizar que las próximas elecciones se lleven a cabo en un entorno transparente y seguro”, añade, antes de pedir tanto al Gobierno como a la justicia colombiana investigar lo antes posible.
Un congresista republicano con especial interés en Colombia, el representante Miguel Díaz-Balart de la Florida, fue incluso más allá al mencionar al presidente colombiano en su crítica por la situación. “Me preocupa mucho la peligrosa situación en Colombia bajo la administración de Petro, lo cual está poniendo en riesgo la estrecha relación entre EE. UU. y Colombia”, dijo.
La Defensoría del Pueblo en Colombia también exigió acciones rápidas de la Fiscalía para esclarecer los hechos y del Ministerio del Interior para proteger a los candidatos. También envió un mensaje a las plataformas donde se comparten estas amenazas. “Es grave que resulte tan sencillo y poco trazable que cualquier persona pueda poner a circular contenidos amenazantes en redes sin ninguna consecuencia”, dice un comunicado de la Defensora, Iris Marin. “Las plataformas tienen el deber de actuar con debida diligencia, de manera preventiva y no únicamente reactiva”.
En la campaña electoral, las amenazas son un argumento a favor de la derecha. No solo tiene como tradicional bandera la seguridad, sino que ha denunciado su deterioro durante el Gobierno de izquierda de Gustavo Petro. “Asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma, a María Fernanda y a otros, ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas”, dijo el expresidente Álvaro Uribe, gran líder de la derecha colombiana en lo que va del siglo XXI y quien tiene como gran activo político el haber sacado al país de una enorme crisis de inseguridad. Sobre su pupila, dijo que “todos la vamos a cuidar”, y “la amenazan porque nunca ha estado con el narcotráfico, porque nunca ha estado con la guerrilla, porque nunca ha sido corrupta, porque nunca ha estado con los paramilitares”.
Valencia, quien frenó su campaña política el año pasado cuando fue asesinado su copartidario, ha dicho que esta vez, a mes y medio de las votaciones, “no vamos a parar”. Una de sus sedes de campaña en la ciudad de Bucaramanga fue vandalizada con grafitis con frases como “Ratas” o “Uribe HP”. “Las amenazas y la falta de garantías no nos detienen en esta lucha por un país sin miedo, donde no sean los violentos los que manden y pongan las condiciones”, añadió.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha asegurado que están dadas las garantías para todos los candidatos, pero que las robustecerá ante las amenazas. Valencia confirmó que el Gobierno se reunió con su esquema de seguridad para fortalecerla, mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció “hasta $1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales”.
Los candidatos presidenciales han rechazado las amenazas. Iván Cepeda, el senador de izquierdas criticado por su silencio ante la crisis de inseguridad en varias zonas donde se han fortalecido los grupos armados, ha sido uno de ellos. “Condeno toda forma de violencia política”, dijo en sus redes sociales quien fue víctima de esta cuando su padre, líder de izquierda como él, fue asesinado por una alianza de militares y paramilitares “Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política. Rechazo las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República”, añadió.
Sin embargo, el presidente no se ha pronunciado pese a que, en 2022, alguien atacó a su caravana durante un evento de campaña en Norte de Santander. En el último año ha sido criticado por sus declaraciones públicas sobre el asesinato de Uribe Turbay, ya que ha señalado como responsables a la que llama nueva junta del narcotráfico de Dubái, pese a que la Fiscalía ha avanzado en la hipótesis de que la orden del homicidio vino de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las extintas FARC que lidera alias Iván Márquez y con la que intentó negociar.
Más recientemente, el presidente dio una declaración que despertó otro fantasma conocido en Colombia, el de las interceptaciones ilegales o chuzadas, esta vez con una posible afectación a las garantías de los candidatos para hablar libremente. La semana pasada dijo en redes sociales que un informe de inteligencia revelaba una conversación en la que De La Espriella supuestamente ofrecía el contrato para fabricar los pasaportes a funcionarios de la empresa Thomas Greg & Sons, a cambio de que le ayudaran con un fraude electoral. Uno de sus directivos de inteligencia, Wilmer Mejía, explicó luego que Petro cometió una “ligera imprecisión” al hablar de un informe de inteligencia, porque se trataba de una interceptación telefónica ordenada por un juez. El presidente no se disculpó, De La Espriella dijo que estaba siendo “chuzado”, y Valencia exigió garantías. El temor a la persecución es constante, y los señalamientos de la derecha al Gobierno por no garantizar seguridad lo son también.
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