Las reformas al mercado de carbono que presenta la Unión Europea este viernes son una respuesta a la creciente tensión entre gobiernos, industrias y activistas del clima. Este contexto ha llevado a modificaciones en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), con el objetivo de encontrar un equilibrio entre el impulso industrial y los compromisos ambientales, en un momento en que los precios de la energía han aumentado, exacerbados por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las olas de calor extremas en Europa.
Desde su implementación en 2005, el ETS ha obligado a los grandes contaminadores, como la siderurgia, el cemento y la industria química, a pagar por cada tonelada de gases de efecto invernadero que emiten. Actualmente, el precio de una tonelada de dióxido de carbono ronda los 80 euros (91 USD), con un límite de permisos que disminuye anualmente para incentivar la reducción de emisiones.
El debate sobre el ETS se ha intensificado, dividiendo a las economías con altas emisiones, como Italia, Polonia y la República Checa, de aquellas que defienden el sistema, como España y los países escandinavos. Bruselas busca suavizar esta transición y está considerando ofrecer a las empresas mayor flexibilidad, siempre que se comprometan de manera tangible con la descarbonización a largo plazo.
La propuesta incluye la posibilidad de extender las ayudas gratuitas a la industria más allá de 2034, además de presionar a los países para que destinen los ingresos generados por el ETS a la reconversión industrial, donde el desempeño estatal varía significativamente.
A la par, la Unión Europea planea establecer un objetivo para 2040 que busca aumentar la proporción de electricidad renovable respecto a los combustibles fósiles, en un contexto donde la electricidad solo constituye el 23% del consumo energético final del bloque. Este objetivo es crucial para acelerar la transición energética alineada con los compromisos climáticos comunitarios.
El núcleo del debate se sitúa entre la necesidad de suavizar las obligaciones ambientales para proteger a la industria ante la competencia global y la volatilidad energética o mantener el rumbo de las metas climáticas a pesar de la presión de sectores industriales. Las nuevas propuestas pretenden ser un término medio, ofreciendo un mayor margen para las empresas a cambio de compromisos sólidos en cuanto a descarbonización, junto con posibles extensiones de las ayudas más allá de lo estipulado inicialmente.
La reforma también plantea la inclusión del sector de residuos y los vuelos internacionales en el ETS, lo que genera una fuerte oposición de las aerolíneas. Además, persisten interrogantes sobre el uso de tecnología de captura de carbono y la opción de que las empresas compren créditos de programas ajenos a la UE para contabilizar reducciones en sus emisiones.
Sectores industriales, en particular la industria química alemana, han criticado el ETS, argumentando que encarece la electricidad y simboliza la burocracia europea. Estos sectores piden una reforma profunda que no afecte su competitividad.
Sin embargo, no todos comparten este punto de vista. Según Neil Makaroff, del centro de estudios Strategic Perspectives, aquellos que más critican el ETS son, a menudo, los que han hecho pocas inversiones en la transición ecológica. Para las empresas que han invertido fuertemente en la descarbonización y la electrificación, retroceder significaría destruir su ventaja competitiva en el mercado.
Un resultado evidente de las negociaciones hasta ahora ha sido la postergación de “ETS 2”, la extensión del sistema al transporte por carretera y la calefacción de edificios, que ahora se espera para 2028 debido a presiones de países como Polonia y Hungría.
Esta discusión revela la complejidad de equilibrar las necesidades industriales con los objetivos climáticos, un desafío que la Unión Europea se propone enfrentar con medidas que aseguran el compromiso con el medio ambiente a la vez que apoyan la competitividad de sus industrias.
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