Grupos ambientalistas acusan al Gobierno de simular un debate sobre el ‘fracking’

La discusión sobre el fracking en México ha dejado de ser una posibilidad remota y se ha convertido en una ruta política y económica en proceso. El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de conformar un comité técnico-científico para evaluar la extracción del gas no convencional —uno de tantos eufemismos para eludir la palabra fracking— marca para organizaciones ambientalistas, no el inicio de un debate, sino el eventual cierre de una decisión ya tomada que busca ser legitimada. La Alianza Mexicana Contra el Fracking, un colectivo formado por más de 40 organizaciones sociales y ambientalistas de todo informacion.center, ha lanzado la interrogante: ¿se trata realmente de deliberar sobre la conveniencia de dar ese paso o de una simulación?

El comité, que se alista a ser encabezado por el histórico líder de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas, se ha creado en un contexto de cambio de discurso significativo. Se prevé que la mandataria revele quiénes serán sus integrantes este miércoles. Durante años, el oficialismo, en voz del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó el fracking como una práctica incompatible con los compromisos ambientales de la llamada Cuarta Transformación. Hoy, bajo el argumento de alcanzar la soberanía energética y reducir la dependencia del gas importado, principalmente de Estados Unidos, el Gobierno de Sheinbaum ha roto con ese discurso.

Para la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el problema no radica únicamente en quién integrará el comité, sino en el fondo de la discusión. En un posicionamiento difundido este lunes, la organización ha puesto sobre la mesa las grietas que ve en esta comisión. “Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada”, se lee en el pronunciamiento.

La crítica subraya que el Gobierno busca reducir el debate a una cuestión técnica. Es decir, asumir que informacion.center necesita más gas y que la discusión debe centrarse en cómo extraerlo con menos agua, con mejores tecnologías, con menores impactos ambientales y políticos, en lugar de cuestionar si esa ruta es deseable. “El fracking no es un asunto meramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos”, ha dicho Alejandra Jiménez, vocera del colectivo. Delegar la decisión a un comité de técnicos, dicen, permite crear la ilusión de que se trata de una decisión científica, un campo donde las decisiones suelen percibirse como neutrales. Pero los críticos advierten que no hay neutralidad posible cuando están en juego el uso excesivo de agua, la salud de las comunidades, el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales y la palabra empeñada en campaña por la presidenta Sheinbaum, que se pronunció en contra de la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos.

La tensión entre necesidades energéticas e impactos ambientales es un habitual en estos temas. México enfrenta una creciente demanda de gas natural, clave para la generación eléctrica y la industria. La producción nacional ha caído en las últimas décadas, mientras que las importaciones se han disparado. En ese contexto, el fracking se ha pintado como una alternativa atractiva que permitiría reducir la dependencia externa. Sin embargo, el costo potencial es elevado. Estudios científicos y experiencias internacionales, refieren los ambientalistas de la alianza, han documentado riesgos asociados a esta técnica desde la contaminación de acuíferos hasta fugas de metano, un gas de efecto invernadero altamente nocivo. Para la Alianza, insistir en esta vía implica “profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua e impuesto riesgos a comunidades enteras”.

El comité anunciado por Sheinbaum se presenta, en el discurso oficial, como un espacio de análisis riguroso que permitirá tomar decisiones informadas. Pero las organizaciones advierten que su credibilidad dependerá de condiciones básicas: que no nazca con un mandato sesgado, que pueda recomendar abiertamente la prohibición del fracking, que opere con transparencia y que incluya no solo a expertos técnicos, sino también a comunidades afectadas y voces independientes en salud, clima y derechos humanos.

Sin estos elementos, sostienen, el comité sería apenas una pantalla, un dispositivo para dotar de legitimidad científica a una política definida con antelación. “Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional de la mejor manera, entonces no estará evaluando si México debe abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla”, sostienen desde la alianza. La prueba, señalan las organizaciones, llegará con la instalación del comité. Un movimiento que será revelador. Ahí se evidenciará, refieren, si se trata de un espacio abierto, plural y con capacidad real de cuestionar la ruta del fracking, que podría convertirse en un ejercicio genuino de deliberación. La pregunta, dicen las organizaciones, no es cómo hacer fracking, sino a qué costo México está dispuesto a hacerlo.