El Gobierno talibán ha dado un paso controvertido al promulgar una nueva normativa de derecho familiar que permite, bajo ciertas condiciones, los matrimonios de menores de edad. Este decreto, titulado “Principios de separación entre cónyuges”, ha sido ratificado por el líder supremo de los talibanes, mulá Hebatulá Ajundzada, y presenta un marco legal que choca con los avances previos en materia de derechos humanos y protección de la infancia en Afganistán.
La reglamentación, compuesta por 31 artículos, establece que los matrimonios que involucren a menores pueden ser válidos si son arreglados por familiares que no sean el padre o el abuelo, siempre que se consideren socialmente compatibles y la dote sea adecuada. Además, se permite que los menores soliciten la anulación del matrimonio una vez alcanzada la pubertad y a través de una orden judicial. Este enfoque se basa en una interpretación fundamentalista de la jurisprudencia islámica, concretamente la escuela Hanefi.
El nuevo reglamento también establece condiciones estrictas para la disolución y anulación de matrimonios. Aunque se mencionan circunstancias como el maltrato o la desaparición del cónyuge, los jueces tienen la facultad de denegar solicitudes de divorcio de mujeres si consideran que el abuso podría “prevenirse por otros medios” o si el esposo no consiente. Esta situación refuerza la idea de que el control masculino sobre el ámbito doméstico sigue siendo una prioridad en la legislación talibán.
Otro aspecto preocupante de la normativa es que considera el silencio de una mujer virgen que ha llegado a la pubertad como un consentimiento tácito ante propuestas de matrimonio, mientras que el silencio de un hombre o de una mujer previamente casada no es considerado aceptación. Este enfoque contradice principios básicos de consentimiento y autonomía, llevando a un contexto donde las mujeres se encuentran en una posición aún más vulnerable.
El efecto de estas regulaciones es devastador para los derechos de las mujeres y los niños en Afganistán, ya que las normativas anteriores que ofrecían algún nivel de protección han sido desmanteladas. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han mostrado su profunda preocupación por la institucionalización de restricciones de género a través de un marco legal que codifica interpretaciones radicales de la jurisprudencia islámica.
A medida que el régimen talibán continua aplicando estas regulaciones, la situación de los derechos humanos en Afganistán se vuelve más precaria, y el mundo observa con atención cómo estas políticas afectarán el futuro de una sociedad ya golpeada por años de conflicto y opresión.
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