El mazo de la justicia estadounidense apunta de nuevo a dos gobernadores de Morena en la frontera

El verano se acerca a Norteamérica anunciando tormentas políticas, una especialmente delicada para los vecinos sureños, Estados Unidos y México, envueltos en un intercambio de rumores, acusaciones y exaltaciones patrióticas. Truenos, rayos y juramentos al cielo se suceden en ciclos repetitivos. Desde Estados Unidos surgen informaciones sobre el estatus de las visas de viaje o del complicado presente judicial de políticos ligados al Gobierno. México, enseguida, responde al derecho y al revés. Las informaciones se solidifican al norte de la frontera y entonces el sur contemporiza, reflexiona y luego levanta el puño guerrero.

Los nuevos señalamientos sobre las presuntas investigaciones del Departamento de Justicia de EE UU a dos gobernadores oficialistas en funciones en México, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, dan vuelta a la rueda. En una nota publicada este miércoles, Los Angeles Times explicó que el Gobierno de Donald Trump ha cancelado las visas de viaje a Durazo y Villarreal. El diario ha dicho también que los dos han seguido viajando al norte, en un estatus habitualmente reservado para sujetos que colaboran con las autoridades de aquel país. El Departamento de Justicia, dice el diario, investiga sus presuntos nexos con el crimen organizado. Tanto Villarreal como Durazo han negado los señalamientos del diario angelino. “No muerdan todos los anzuelos, esa nota no tiene ninguna fuente”, aseguró el mandatario de Sonora en conferencia de prensa.

“Lo central es preguntarnos a quién le conviene estas filtraciones, por qué se hacen y en qué momento sucede. No me parece casualidad que ocurra tras el discurso de Sheinbaum”, dice Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en referencia a la comparecencia ante sus bases de la presidenta, en que fue muy crítica con los últimos movimientos del Departamento de Justicia del país vecino cuando anunció acusaciones similares contra políticos sinaloenses. “Siento que hay una política de chantaje de parte de ciertas agencias de EE UU a México. Y tienen un objetivo político, más que judicial”, añade.

El espejo en que debe mirarse la nueva información de este martes es Sinaloa. Igual que ahora, Los Angeles Times adelantó en su día la cancelación de la visa de viaje al entonces gobernador Rubén Rocha, integrante de Morena, como Durazo y Villarreal. Tras la publicación llegó la acusación, que el Departamento de Justicia divulgó a finales de abril, contra el mandatario local y otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios locales. Al menos uno de ellos ya se entregó, el general Gerardo Mérida, antiguo jefe de la policía estatal. La mayor parte del resto aguarda, mientras acude a declarar a la Fiscalía General de la República (FGR), una forma de ganar tiempo, una manera, también, de defender la idea de soberanía, bandera estos días de Palacio Nacional.

La duda ahora es si el ciclo seguirá el cauce conocido, con el mundial de fútbol a las puertas; si Durazo, gobernador de Sonora, y Villarreal, de Tamaulipas, ambos territorios fronterizos, verán sus nombres en acusaciones hechas públicas por la justicia del país vecino; si la presidenta, Claudia Sheinbaum, contestará de nuevo invocando la defensa de la patria y la soberanía, como hizo el domingo pasado, tras el caso de Rocha; si el ciclo volverá a empezar después y continuará, como una extraña partida de tenis, a medio camino entre la cancha diplomática y la judicial. En octubre, la agencia Reuters informó de que la epidemia de visas canceladas afectaba a medio centenar de cargos de Morena y a docenas de otros partidos. La cancha espera.

Carlos Bravo Regidor, historiador, especialista en la historia contemporánea de México y Estados Unidos, señala que es muy posible que haya “un menú grande” de políticos en los listados negros de la justicia del país vecino. “Durazo y Villarreal son solo de los que nos enteramos, o de los que EE UU quiso que nos enteráramos. Pero más allá de eso, los dos tienen perfiles interesantes. Durazo fue secretario de seguridad de López Obrador y Américo es, probablemente, el gobernador más señalado de vínculos con el huachicol”, dice, en referencia al robo y trasiego de combustible. “No son figuras del montón, son perfiles muy altos. Y desde luego tendrían incentivos para convertirse en testigos de la justicia de EE UU”, añade.

“La decisión de declarar a varias organizaciones criminales como narcoterroristas activó la maquinaria [del Departamento de Justicia]”, sostiene Bravo Regidor, aludiendo a la decisión de Trump de declarar a varios grupos delictivos como terroristas, la mayoría mexicanos, en febrero de 2025. Desde un punto de vista legal, procesal, las implicaciones irrumpen ahora en el panorama binacional. “[Los presidentes] Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012) hicieron un esfuerzo para que no lo hicieran”, añade. “Y luego sí, Trump busca recuperar hegemonía en el hemisferio occidental, que es un insumo en todo esto. Por eso el oficialismo aquí en México duda de sus intenciones”, zanja.

Pérez Ricart aborda una de las cuestiones que menciona Bravo Regidor: el momento. ¿Por qué la justicia estadounidense apunta ahora a la narcopolítica? ¿Solo por la designación de varios cárteles como grupos narcoterroristas? ¿Acaso no había políticos coludidos con el crimen durante los gobiernos del PRI o Acción Nacional? “Lo estructural en México es la relación del crimen y el Estado, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es EE UU, quizá la seriedad con que se toma el tráfico de drogas, pero sobre todo su política hacia México”, dice el experto. “Y ahí diría que hay un interés de debilitar a la presidenta en el marco de renegociar el tratado de libre comercio, y el interés de Trump de dar un mensaje contundente a sus bases, ante las elecciones de noviembre”, argumenta.