Los planes del gobierno de Claudia Sheinbaum para mejorar la economía mexicana de cara a 2026 se encuentran ante un complicado desafío externo. Desde el estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero, la situación ha escalado rápidamente, afectando gravemente el mercado petrolero global. La inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, que representa el 20% del suministro mundial de petróleo, ha provocado que cerca de nueve millones de barriles diarios se encuentren fuera del mercado, ya sea por ataques a infraestructuras o por decisiones precautorias de los productores.
Este contexto resulta especialmente problemático para México, que es un importador neto de gasolina. En 2025, nuestro país recibió de Estados Unidos un promedio de 486,000 barriles diarios de gasolina, convirtiéndose en su principal destino, con el 54% de las exportaciones. Un incremento sostenido en los precios internacionales de la gasolina impactaría directamente en las importaciones, encareciendo la ya comprometida economía nacional.
El gobierno de Sheinbaum es consciente de la necesidad de evitar trasladar estos aumentos a los consumidores, dado que el precio de la gasolina se ha utilizado como un indicador de la atención gubernamental hacia el bienestar económico de la población y la “soberanía energética”. Para limitar el impacto de los precios internacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implementado estímulos fiscales, lo que a su vez representa un costo significativo para las finanzas públicas, que buscan recuperarse tras años de desbalances presupuestarios.
En este contexto, el inicio de 2026 se vuelve inusualmente complicado: se ha registrado una caída del 30.3% en el gasto de inversión en comparación con enero de 2025, que ya había sido un año desfavorable en este aspecto. La presión en los precios del combustible limita las opciones del gobierno para ajustar su trayectoria fiscal.
Sin embargo, el impacto del conflicto no se detiene en la gasolina. La creciente incertidumbre en el ámbito global, exacerbada por el aumento del petróleo a más de 100 dólares por barril, podría forzar a los bancos centrales a reconsiderar sus políticas de tasas de interés, lo que afectaría los planes de inversión de empresas y fondos a nivel global, que pueden optar por posponer sus iniciativas.
Aunque es prematuro para evaluar plenamente las implicaciones de la guerra, ya se observan desvíos en variables económicas y financieras cruciales que se esperaban para ese año. Es probable que la tasa de inflación supere las estimaciones originales tanto en Estados Unidos y Europa como en México, añadiendo más complejidad a la situación.
En resumen, el gobierno de la presidenta Sheinbaum se encuentra en una encrucijada. El escenario externo, con el conflicto en Medio Oriente, complica las metas de inversión, afecta la disciplina fiscal y presenta un reto para el crecimiento económico. Si bien no es el único problema que enfrenta la economía mexicana en 2026, su impacto podría ser de un alcance significativo y aún incierto. En este complejo panorama, surge la pregunta: ¿cuál es el plan B del gobierno?
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