TORREÓN. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) revisará cada caso de aborto que se cometa en la entidad, pues considera que hay que determinar si existe delito o no, independientemente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El fiscal Gerardo Márquez Guevara manifestó que deben perseguir los delitos e indicó que el Poder Legislativo de ese estado ya hace las modificaciones tras la decisión de la Corte.
Sin embargo, el funcionario aclaró que no se despenaliza por completo. “Sólo es una parte la que se despenaliza. Claramente debe existir la voluntad de la persona que decide interrumpir el embarazo en relación con terceras personas que lo inducen de manera dolosa para eso”.
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El fiscal Márquez Guevara también aclaró que puede haber casos en el que el novio se entera que su pareja está embarazada y le exige abortar: “Eso sí es una conducta delictiva”.
Las penalidades de aborto en el estado, comunicó el fiscal, no exceden de seis años de prisión, pero con la reforma se reajustará.
En el estado de Coahuila hay cinco carpetas de investigación por aborto y no se tiene recluida a ninguna persona por esa situación.
Fue la semana pasada cuando, con 10 votos a favor, la SCJN declaró la inconstitucionalidad en la penalización del aborto, con lo cual invalidó diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila.
El Código Penal del Estado establece en su artículo 195 y 196 que comete aborto para efectos penales “quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” y estipula penas de uno a tres años de prisión para quien cometa tal delito. Tras la decisión de los ministros de la Corte por unanimidad, los artículos quedan invalidados y, por lo tanto, dejarán de existir en la ley del Estado.
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno del estado manifestó, a través de un comunicado, que la legislación local se adaptará al criterio del máximo Tribunal de no criminalizar a ninguna mujer por abortar.
Grupos contra el aborto y la Iglesia católica mantienen su rechazo a la decisión de la Corte de aprobar el proyecto contra la criminalización del aborto.
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