El desafuero más emblemático de los últimos tiempos fue el Andrés Manuel López Obrador en abril de 2005, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero nunca antes un proceso para un gobernador, en este caso contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, promovido por la Fiscalía General de la República.
Los últimos dos desafueros consumados fue el de la congresista de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como la “Chapodiputada’’ en junio de 2016, acusada del delito de uso de documentos falsos para visitar en prisión de El Altiplano a Joaquín “El Chapo Guzmán’,’ en septiembre de 2014.
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El otro fue el diputado federal de Morena, Cipriano Charrez Pedraza, desaforado en abril de 2019, acusado por un accidente automovilístico en donde murió un joven, a quien no le prestó auxilio y huyó del lugar.
Para el caso del gobernador panista, la FGR ingresó a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero por presuntos actos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
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La ruta para un desafuero es la siguiente: se ingresa la solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados; la Sección Instrucción analiza el caso sobre la existencia del o los delitos imputados al servidor público; la Sección Instructora notificará al denunciado para que conteste la denuncia en siete días naturales.
Al concluir el periodo probatorio, la Sección Instructora ordenará la apertura del periodo de alegatos. Posteriormente, la Sección Instructora emitirá su dictamen en un plazo de 60 días hábiles y será entregado a la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados se erigirá en Jurado de Procedencia; acusado y denunciante podrán exponer alegatos.
De acuerdo a los especialistas, el fuero constitucional es juzgado por la opinión pública como un permiso para delinquir o pasar por encima de la ley.
Otros casos de desafuero son los del diputado Carlos Madrazo Becerra en 1944. Fue acusado de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en Estados Unidos.
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Sacramento Joffre (1945), junto con Madrazo Becerra y Pedro Téllez Vargas. Sus acusadores dijeron que entre los tres confabularon contra los migrantes.
Pedro Téllez Vargas (1945) era dirigente del Sindicato de Trabajadores Cinematografistas, pero como legislador se le inició proceso al lado de Madrazo, este último años después defendió su inocencia y la de sus compañeros.
En 1947, el senador Félix Ireta Viveros fue desaforado al ser acusado de falsificación de documentos; se comprobó su inocencia y regresó a sus funciones como legislador en 1951.
Otro caso relevante fue el de Jorge Díaz Serrano (1983), señalado por cometer ilícitos en la adquisición con sobreprecio de dos barcos (buque-tanque) cuando era director general de Pemex. En ese entonces fue todo un escándalo.
También René Bejarano Martínez (2004), muy cercano a López Obrador en esos años, enfrentó cargos de conductas delictivas, delitos electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los videos echándose fajos de billetes a la bolsa del saco todavía pueden ser vistos en redes sociales.
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El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2005), a promoción del entonces presidente Vicente Fox, fue desaforado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad al no cumplir una suspensión de un juez.
El caso de Julio César Godoy en 2010 fue grotesco, ingresó a la Cámara de Diputados en una cajuela para tomar protesta y evadir la justicia. Fue desaforado por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. En 2020 reapareció, pese a las acusaciones en su contra.
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