Acuerdo de Paz en Colombia: diez años después, su apoyo se encuentra en su nivel más bajo

El plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en Colombia se llevó a cabo hace exactamente diez años, el 2 de octubre de 2016. En él, la mayoría de los ciudadanos votaron en contra del acuerdo ya cerrado con la guerrilla de las FARC, tras más de medio siglo de guerra.

La victoria del No no fue aplastante, ya que ganó por una diferencia muy pequeña, apenas menos del 1% de los votos. Sin embargo, el abstencionismo fue muy alto y muchos ciudadanos se sintieron decepcionados con la elección.

El Acuerdo de Paz, aprobado después por el Congreso con varias modificaciones, ha sido criticado hasta hoy en día por muchos de quienes votaron por el No. Incluso el presidente Abelardo de la Espriella, uno de los principales defensores del acuerdo, ha sido objeto de críticas.

El apoyo al Acuerdo de Paz se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde que fue aprobado diez años atrás. Esto se desprende de un estudio publicado por el Observatorio de la Democracia en junio, que revisa encuestas realizadas entre 2016 y 2025.

La percepción del éxito del Acuerdo de Paz se ha visto afectada en varios aspectos importantes para los colombianos. Según un estudio reciente, solo el 34% de la población cree que el acceso a la tierra para los campesinos ha mejorado con el acuerdo, lo cual es una disminución significativa desde 2018 cuando casi el doble de personas (61,3%) compartía esta opinión.

Una de las metas clave del Acuerdo era aumentar la seguridad en los municipios, pero ahora solo el 24,1% de los encuestados cree que se ha mejorado en su área. Esta cifra es notablemente baja si se compara con la de 2018, cuando más de la mitad (47,5%) de las personas creía que la seguridad había aumentado.

García, un experto en el tema, destaca que "el desgaste del tiempo es evidente" y que las expectativas de la gente no pueden mantenerse durante tantos años. En 2018, cuando el Acuerdo llevaba solo año y medio de implementación, la gente evaluaba su impacto mirando hacia el futuro. Ahora, sin embargo, se enfoca en el pasado.

La percepción de que el Acuerdo no ha sido implementado plenamente es muy alta entre los encuestados. Más del 50% cree que la mayoría de los puntos del acuerdo no han sido puestos en práctica, y un tercio (36,3%) piensa que menos de la mitad de lo acordado se ha hecho realidad.

Aunque algunos expertos como Isabelita Mercado creen que se ha implementado más de lo que la gente cree, esto no es percibido a nivel nacional. En su lugar, se nota más en las municipalidades donde se están llevando a cabo proyectos y programas específicos para mejorar la situación en el país.

La búsqueda de desaparecidos se ha convertido en un tema prioritario para las familias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. En ciudades como Medellín y Cali, la Alcaldía ha llevado a cabo proyectos específicos para encontrar a los desaparecidos.

Según los datos recientes, más del 70% de la población encuestada considera que existen mecanismos institucionales para conocer la verdad sobre el conflicto armado. Esto se debe en parte a la creación de entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, que buscan abordar este problema.

Aunque no todos los desmovilizados han participado en estas iniciativas, saben que hay una búsqueda activa por la verdad. Sin embargo, esta percepción no se refleja en su opinión sobre la posibilidad de reconciliación y justicia para ellos mismos.

La encuesta reciente muestra que más del 77% de las víctimas y de la población en general creen que pueden obtener una respuesta eficiente y oportuna en el sistema de justicia en Bogotá. Sin embargo, esta cifra cae al 41,1% cuando se pregunta a los desmovilizados.

La falta de confianza en la justicia y las comunidades puede explicarse por la estigmatización que sigue padeciendo la población desmovilizada, lo que lleva a muchos a preferir no identificarse como excombatientes.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido un tema de debate durante mucho tiempo en el país. A pesar de que las instituciones creadas para conocer la verdad sobre los conflictos han sido reconocidas, la justicia transicional sigue siendo objeto de críticas.

Una de las principales objeciones a la JEP proviene del partido oficial del Gobierno actual, quien acusa al tribunal de ser burocrático y no hacer nada en 10 años. Además, han presentado tres iniciativas legislativas que buscan recortar su presupuesto, evitar que se extienda su mandato hasta el 2033 y que la justicia penal militar revise sus sentencias contra militares.

Estas críticas no son exclusivas de la campaña del No. El expresidente Juan Manuel Santos, quien impulsó la negociación y firmó el acuerdo de paz, también ha expresado su descontento con la lentitud de la JEP. "Quienes critican a la JEP en su lentitud, tienen bastante razón", dijo este jueves.

Las cifras del Observatorio de la Democracia demuestran que el apoyo a la JEP ha ido en declive. Si en 2023 el 37,5% de los ciudadanos decían confiar en ella, la cifra bajó a 27,2% en 2025.

La falta de confianza en la justicia transicional puede estar relacionada con la percepción de que la JEP no está haciendo su trabajo. La pregunta es si el tribunal puede recuperar la credibilidad perdida y cumplir con sus objetivos.

El sistema judicial colombiano enfrenta una crisis de confianza que se refleja en las encuestas, donde solo el 23,5% de los ciudadanos tiene fe en su capacidad para impartir justicia.

Según César Caballero, gerente de la firma encuestadora Cifras y Conceptos, uno de los principales problemas es la comunicación de los logros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP tiene un problema en rendir cuentas sobre los tiempos que ha tomado y sobre los recursos que ha utilizado, sostiene Caballero.

Esta falta de transparencia se suma a la crítica que ha recibido la JEP por querer extender los casos concretos a procesar, lo que va en contra del Acuerdo establecido. La institución ha contratado más personal y ha tardado años en tomar decisiones, lo que ha contribuido a su desgaste.

La caída en la opinión pública sobre el Acuerdo de Paz también se debe al desgaste de la "Paz Total", un esfuerzo del Gobierno para negociar con todos los grupos armados del país. Aunque inicialmente había un 64,9% de personas que creían en las salidas negociadas, ese número ha disminuido a 57,6% según el Observatorio de la Democracia.

La pregunta es si el tribunal puede recuperar su credibilidad y cumplir con sus objetivos.

La campaña a favor del Acuerdo de Paz sufrió una gran decepción en las urnas este año, ya que su partido no logró sobrevivir como tal después de las elecciones. A pesar de esto, se mantienen algunos aspectos del acuerdo vigentes, como la creación de curules de paz que han otorgado representación a municipios afectados por el conflicto.

Aunque casi nadie se opone públicamente a una redistribución justa de la tierra, un punto clave del Acuerdo que lleva tres administraciones sin implementar, el resultado electoral muestra que el No se ha fortalecido significativamente en los últimos diez años.