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Con una larga lista de funcionarios bajo la lupa judicial, el gobierno de Javier Milei es sacudido casi a diario por revelaciones que lo comprometen. Un informe técnico presentado por el Ministerio de Salud sumó un elemento nuevo a la causa que investiga la presunta existencia de una organización criminal compuesta por funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y empresarios del sector farmacéutico para enriquecerse: facturas que evidencian compras de sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros insumos por las que se pagaron sobreprecios de hasta 4.000%.
“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, apunta el informe que fue revelado por el diario La Nación.
El documento recolectó 37 facturas de seis proveedores del Estado: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia. Una de ellas, por ejemplo, exhibe la compra de un andador con un sobreprecio de 4.239% y, otra, la adquisición de una silla de ruedas por 19 millones de pesos (unos 13.600 dólares), cuando el precio de referencia nacional es de 1,3 millones, un sobreprecio de 1.384%. También la compra de un sistema de válvulas para operaciones cardiológicas de 425 millones de pesos (unos 300.000 dólares), cuando el mismo insumo había sido pagado por la obra social de los jubilados, PAMI, un 242% menos.
Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron que el informe fue elaborado por esa cartera en el marco de una auditoría realizada en Andis a partir de su intervención, en agosto pasado. En ese momento, la filtración de audios en los que se expuso una trama ilegal de recaudación mediante la compra de medicamentos terminó con el desplazamiento del titular de la agencia, Diego Spagnolo, hasta entonces amigo y abogado personal de Milei. El mecanismo expuesto generaba, de acuerdo a esa versión, retornos ilegales de entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
En febrero pasado la justicia procesó a Spagnolo junto a otros 5 exfuncionarios y 13 directivos y empresarios del sector farmacéutico acusados de delitos incluyen asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles. Si bien en las grabaciones filtradas Spagnolo involucraba directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (los proveedores de las licitaciones amañadas pagaban sobornos del 8%, decía, y el 3% iba a parar a los bolsillos de la hermana del presidente), ella quedó excluida.
Los sobreprecios en insumos denunciados ahora abarcan el período 2025, pero no se descarta la posibilidad de que la maniobra estuviera activa desde antes. “Es algo que tiene que determinar la justicia. Lo cierto es que tenían un sistema de compras por fuera del COMPRA.AR”, apuntaron fuentes del Ministerio de Salud, en referencia al sistema electrónico oficial de compras y contrataciones de la Administración Pública Nacional de Argentina.
De la causa surge que las contrataciones se llevaron a cabo a través del Siipfis (Sistema integrado de información y administración de prestaciones), un mecanismo digital ideado para agilizar procesos de compra, en cuyas licitaciones participaba un pequeño grupo de empresas. Los involucrados lo habrían vulnerado, digitando qué empresas podían participar de las compulsas y simulando una competencia entre proveedores que no era tal. “Terminó funcionando como una herramienta que, bajo la fachada de imparcialidad y automatismo, permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada”, señaló el fiscal a cargo de la causa, Franco Picardi.
Uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, la empresa que más fondos del Estado absorbió, es un contador que tuvo un paso previo como director general de Andis durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), Osmar Mariano Caballi. La acusación del fiscal lo señala a él como uno de los responsables de esta maniobra de sobreprecios, junto con dos exdirectores de la agencia, Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian; Patricio Gustavo Rama, un operador comercial vinculado a las droguerías Génesis y New Farma y Miguel Ángel Calvete. Además, hay otros actores secundarios involucrados, con los que se llega a 49 personas llamadas a indagatoria.
La presunta red delictiva que operaba en la Andis es uno de los principales casos de corrupción que salpican al gobierno libertario, que llegó bajo la promesa de restaurar la moral en la gestión pública pero se ha visto envuelto en diversos escándalos, con la supuesta estafa transnacional de $Libra como hecho inaugural. La revelación de los sobreprecios suma temperatura a una situación caldeada estos días por las denuncias que acorralan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señalado por sostener un nivel de vida muy superior al que le sería posible sustentar con sus ingresos.
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