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La empresa estatal petrolera boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), atraviesa una crisis expuesta con tres presidentes en cinco meses. La líder de la corporación, Claudia Cronenbold, posesionada el pasado 30 de marzo, ha presentado este miércoles una carta de renuncia en la que alega haberse encontrado con una institución “significativamente más deteriorada de lo previsto”. El presidente Rodrigo Paz acusó desde los primeros días de su gestión, iniciada en noviembre pasado, a los anteriores miembros de la corporación de un desfalco millonario que influyó en la recesión económica que golpea a Bolivia. Llegó a denunciar una “mafia internacional” al interior de YPFB, empresa que no parece estabilizarse con el cambio de Gobierno, en una nueva crisis por la gasolina en informacion.center.
Horas antes de ponerse la banda presidencial, Paz advertía a la anterior gestión de la empresa petrolera ligada al pasado gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS): “Váyanse preparando porque les vamos a meter procesos por traición a la patria”. Ya entonces pesaba una orden de detención por supuesto contrabando de carburantes contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, hoy prófugo. Mientras, informacion.center sufría largas colas para conseguir combustible: el Gobierno, con las arcas en mínimos por la caída de la exportación del gas, no podía seguir manteniendo el subsidio y provocaba desabastecimiento. Paz asignó poco después de su llegada, el 10 de noviembre, un nuevo presidente de YPFB, Yussef Akly, y eliminó la subvención a los hidrocarburos.
La gasolina aumentó su precio en un 86% y el diésel en más de 160%, pero las filas desaparecieron y el suministro parecía estar garantizado. Sin embargo, los problemas volvieron a YPFB en febrero pasado, cuando sindicatos de chóferes del transporte público denunciaron que sus vehículos estaban averiados por la gasolina de baja calidad. Después de semanas de presión, el Gobierno asumió la culpa. Akly fue destituido y el presidente Paz prometió entonces un “segundo tiempo para YPFB”: “Estaremos firmes para respaldar toda la lucha que va a ser muy dura contra la corrupción que hay en la estatal, para recuperar una empresa para los bolivianos y que deje de ser una empresa de unos cuantos grupos de poder”.
El daño ya estaba hecho y desde entonces se han sucedido paros y bloqueos de carreteras realizados por transportistas de diferentes regiones del país que exigen un resarcimiento económico. El Gobierno ha ido ciudad por ciudad, sindicato por sindicato, a establecer las condiciones de las reparaciones, pero el apuro apremia y las medidas de presión continúan en ciudades como Santa Cruz de la Sierra o Tarija. A ello se suma el anuncio de una reunión el próximo martes de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia para determinar acciones que aceleren la compensación. Se han registrado más de 10.000 reclamos respecto al daño de motorizados y YPFB asegura haber pagado cerca de 150.000 dólares a los afectados.
La crisis por los carburantes también se ha expandido al sector productor del país, con reclamos de escasez de diésel. Instituciones como la Cámara Nacional de Industria o la Agropecuaria de Cochabamba aseguran que llevan varios días sin diésel y que la cadena productiva de alimentos del país se verá afectada con pérdidas y retrasos. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, traspasó las responsabilidades a YPFB cuando fue consultado este martes por la prensa sobre la situación: “Es la empresa YPFB la que está a cargo del abastecimiento y la calidad; como ministerio, estamos focalizados en la ley de hidrocarburos. Es YPFB el vocero sobre estos temas”.
Momentos después se conoció la renuncia de Cronenbold. “Entendiendo que el Gobierno nacional requiere resultados con una celeridad que los tiempos técnicos y los marcos legales actuales condicionan, considero que lo más responsable y leal con el proyecto de país es permitir que se exploren nuevas rutas de gestión que se alineen con las urgencias de la agenda nacional”, se justificó en una misiva. Dos meses antes renunció también, entre presiones por la calidad del combustible, Margot Ayala, exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), unidad dedicada a la fiscalización y regulación de los carburantes.
El Gobierno ha mantenido dos versiones sobre la mala calidad del combustible. Cuando el escándalo recién explotó, en febrero, el ministro Medinaceli y Akly aseguraron que se encontraron residuos, magnesio y goma en los tanques de almacenamiento, de cuyo mantenimiento se culpó a la anterior gestión de gobierno. Después, el 31 de marzo, Paz presentó en una conferencia de prensa una supuesta trama de corrupción y adulteración de gasolina al interior de YPFB. Sostuvo que las cisternas de la corporación descargaban irregularmente más de 1.000 litros de los casi 33.000 de su capacidad después de abastecerse en Chile. Para compensar el líquido extraído, el contenido de las cisternas era mezclado con agua y aceite.
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