La violencia político-electoral en México ha continuado su preocupante tendencia en 2025, marcando 382 incidentes que la posicionan como el segundo nivel más alto desde 2018. Este alarmante dato proviene de un análisis realizado por la consultora Integralia, que pone de relieve la grave situación que enfrenta informacion.center en el contexto de su vida democrática.
Durante el primer semestre del año, 254 de estos incidentes se produjeron, con picos de violencia en mayo y junio, lo que resalta cómo la cercanía de procesos electorales puede ser un catalizador significativo para el uso de la violencia con fines políticos. Esta no es una problemática aislada; se observa una concentración geográfica que revela que las entidades más afectadas incluyen Veracruz, con 104 casos, seguido de Guerrero (34), Morelos (32), Oaxaca (29), Puebla (26) y Guanajuato (21). Este fenómeno es particularmente alarmante en regiones que presentan alta fragmentación criminal y debilidad institucional.
El informe subraya que, aunque 2025 no fue un año electoral típico—con solo elecciones municipales en Veracruz y Durango—la inminencia de procesos electorales sigue siendo un factor que relaciona agresiones con actos de violencia. La influencia del crimen organizado no se limita a la agresión directa hacia actores políticos; su objetivo es asegurar el control político, económico y territorial en diversas regiones del país. Estas organizaciones utilizan mecanismos de coacción y violencia para dominar mercados y economías locales, así como para influir de manera notable en la vida pública.
El nivel municipal, como el más vulnerable en este engranaje, registra un abrumador 79.3% de los incidentes de violencia. Factores como corporaciones policiales débiles, presupuesto limitado y escasa presencia de fuerzas de seguridad estatales o federales agravan esta situación. En términos de tipo de agresión, el homicidio doloso se ha convertido en el recurso más común, representando un 49.2% de los incidentes; esto se complementa con amenazas, atentados con armas, secuestros y desapariciones, lo que indica una escalada en la letalidad de la violencia política.
A pesar del incremento sostenido en estos incidentes, las actuales propuestas de reforma electoral no abordan de manera efectiva los mecanismos para contrarrestar esta violencia, lo que plantea un preocupante escenario de cara a los próximos procesos electorales, especialmente en 2027, donde podría materializarse un aumento aún mayor de asesinatos, atentados y amenazas contra actores políticos.
La situación exige un análisis profundo y acciones contundentes que vayan más allá de la retórica, dado que la consolidación de la violencia como un instrumento de presión y control territorial es un reto que México no puede permitirse ignorar.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación
