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Una joven sale del consultorio del doctor Samson Mwita, en el Centro Médico de Mwera, en un suburbio al este de Nairobi. Acaba de tener una consulta para abortar dentro de los supuestos que permite la Constitución keniana: cuando se trata de una emergencia médica o la vida de la madre está en peligro. Mwita ha empleado más de una hora en explicarle el procedimiento y completar un historial detallado con sus datos y su firma. La documentación los protegerá a ambos ya que si un policía los detuviera y los llevara a los juzgados ―como le ha ocurrido a Mwita en cinco ocasiones― podrían acreditar que la decisión ha sido consentida por la paciente y que es legal. Ninguno está cometiendo un delito, pero prefieren extremar las precauciones. Sobre todo en este momento. A finales de abril, un tribunal de apelación anuló una sentencia de 2022 que había reconocido el aborto como un derecho fundamental de las kenianas y había ordenado dar garantías para que los médicos pudieran brindar el servicio sin riesgo de ser acusados de cometer un delito.
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