La discusión sobre una posible Ley de Rentas Justas en la Ciudad de México ha reavivado el debate sobre el principal problema del mercado habitacional: la escasez de vivienda adecuada, especialmente para los segmentos de menores ingresos. Este tema ha cobrado relevancia tras el análisis que inició el Congreso capitalino sobre una reforma constitucional en materia de rentas, además de la reciente validación por parte de la Suprema Corte del mecanismo que impide aumentos anuales por encima de la inflación en el Código Civil.
El contexto es alarmante. Desde inicios de 2026, la producción de vivienda formal en la ciudad ha sufrido una caída drástica. Durante los primeros cuatro meses del 2025 se registró la construcción de 527 viviendas, pero en el mismo período de 2026 esa cifra se desplomó a solo 183, lo que representa una disminución del 65 por ciento. Este descenso ha llevado a un aumento considerable en los precios, colocando a la vivienda en la capital como la más cara del país, con un precio promedio de 4.3 millones de pesos.
Un análisis de Infohabitat destaca que limitar el crecimiento de los alquileres sin incrementar la construcción de vivienda podría acentuar la crisis existente. Las recientes cifras reflejan cómo un mercado ya presionado se está viendo afectado por un creciente número de personas en competencia por un número limitado de opciones. La regulación de rentas, sin un paralelo en la oferta habitacional, podría trasladar la presión hacia otros segmentos, como la vivienda vacía y los esquemas de corta estancia, en lugar de ofrecer soluciones efectivas.
La propuesta del gobierno capitalino busca incluir principios de regulación de rentas y protección inquilinaria en la Constitución local, como un paso inicial hacia una legislación más amplia en arrendamientos. Se plantea, además, una estrategia de vivienda social que contempla la construcción de 80,000 viviendas durante el sexenio, donde alrededor de 20,000 estarían destinadas a esquemas de renta asequible. Sin embargo, legisladores han reconocido la necesidad de revisar la iniciativa en profundidad antes de avanzar, subrayando que la vivienda debe ser vista como un derecho y no como un privilegio.
El análisis de Infohabitat también advierte que la regulación de rentas podría tener efectos desiguales, beneficiando a quienes ya poseen un contrato y excluyendo a los nuevos inquilinos, particularmente jóvenes y hogares de bajos ingresos. Este enfoque podría acentuar la disparidad en el acceso a la vivienda, sugiriendo que una política de regulación por sí sola no resolverá la problemática sin un aumento sostenido en la producción de vivienda asequible.
Para lograr un equilibrio viable en el mercado habitacional de la Ciudad de México, será esencial una colaboración efectiva entre el Estado y el sector privado, garantizando una oferta adecuada que responda a la creciente demanda. La situación actual nos recuerda que, para encontrar una solución integral, debemos considerar no solo la regulación, sino también la necesaria expansión en la disponibilidad de vivienda formal.
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