Una persona que cometa un delito menor, en lugar de cárcel, podrá pagar su falta con “trabajo a favor de la comunidad”, es lo que establece la reforma a diversos artículos de la Constitución que el Senado subió a primera lectura.
Esa impartición de justicia ofrece a todas las personas mecanismos para resolver sus conflictos, privilegiando la participación de todas las partes en la búsqueda de la mejor solución al problema. Tiene como objetivo facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia.
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Los senadores, sin embargo, aclaran que bajo ningún motivo debe confundirse un esfuerzo de mantener convivencia social armónica y prevenir futuros delitos mediante la Justicia Cívica, con impunidad. El derecho penal debe castigar a toda persona que cometa un delito, lo que se busca es precisamente generar alternativas para casos menores no reincidentes, que eviten el escalamiento de la violencia y delitos en México.
El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria detalla las modificaciones a los artículos 5, 17, 21 y 73 constitucionales, con el propósito de incorporar la Justicia Cívica como instrumento primario para el mantenimiento de la convivencia armónica de la sociedad, así como prevención del delito.
La propuesta, que la Justicia Cívica se constituya como instrumento que permita el mantenimiento de la convivencia armónica, la preservación del orden y la tranquilidad en la sociedad, así como la prevención del delito.
Establece que la autoridad administrativa sea la responsable de imponer sanciones en materia de Justicia Cívica, las cuales deberán estar contenidas en la ley respectiva y no podrán consistir en penas privativas de la libertad, más allá del arresto administrativo por hasta 36 horas.
Las sanciones, dependiendo la infracción, van desde la amonestación, multa, reparación del daño, arresto hasta por 36 horas y el trabajo a favor de la comunidad.
Se busca, dicen los senadores, establecer en México una alternativa distinta de Justicia a la aplicación del derecho penal en todas las conductas antisociales, de modo que se permita ayudar a generar paz en la sociedad.
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Pasar del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas y penalización de conductas delictivas, a la incorporación de una visión de Justicia Cívica que complementa el sistema vigente, procurando facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad, señala la iniciativa.
Entre los principales objetivos de la Justicia Cívica se mencionan los siguientes: constituirse como elemento primario en la prevención del delito; prevenir el escalamiento de la violencia; disminuir la reincidencia en faltas administrativas.
Dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a conflictos comunitarios, mejorar la convivencia ciudadana, promover la cultura de la legalidad y mejorar la percepción del orden público y de la seguridad.
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