La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó sorpresa y preocupación por las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con las que pretendió desacreditar a Artículo 19, dedicada a la vigilancia de la libertad de expresión.
La controversia entre el presidente de México y Artículo 19 (México y Centroamérica) se generó a raíz de un informe sobre derechos humanos que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos el 30 de marzo, en el que, citando información de la ong, acusa a la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, Sanjuana Martínez, de censurar a periodistas y de ordenarles no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios.
En un intento por descalificar y cuestionar el trabajo profesional de Artículo 19 México y Centroamérica, López Obrador dijo que la organización es financiada por “empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado”. Article 19 México y Centroamérica indica en su página que sus operaciones son financiadas “a través de fondos multi-anuales, otorgados principalmente por fundaciones privadas y gobiernos de Norteamérica y Europa Occidental”.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que “causa sorpresa y preocupación que el presidente López Obrador intente deslegitimar a una organización invocando principios de no injerencia o soberanía y de fondos extranjeros, lo que contraviene principios universales sobre derechos humanos, además de pactos y políticas aceptadas por los estados democráticos que se remontan a la misma creación de la Declaración Universal de los Derechos de las Personas de 1948, los cuales dieron sostén a la creación del Sistema Interamericana de Derechos Humanos en nuestro continente”.
Canahuati, CEO de Grupo Opsa, Honduras, dijo que la SIP respalda el trabajo riguroso y creíble que hace Artículo 19 en materia de libertad de expresión y agregó: “Más nos hubiese gustado que en lugar de atacar a una institución, el presidente de México hubiera pedido una investigación sobre lo denunciado, para confirmar o no la veracidad de la denuncia, especialmente porque se trata de un problema en un medio de comunicación público como es Notimex”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, añadió: “Esta actitud del presidente López Obrador nos preocupa porque está resurgiendo la tendencia de desacreditar la credibilidad de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, ya sea por la forma en la que investigan los hechos o por el origen de los fondos de financiación”.
Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina, agregó que los cuestionamientos de López Obrador sobre temas de financiación no representan una novedad en el continente y son utilizados por gobiernos a los que no les gusta la crítica ni la supervisión de los derechos humanos a nivel internacional.
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En diciembre, el régimen de Daniel Ortega dictó la ley de Regulación de Agentes Extranjeros para “controlar las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras para poner fin a injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua”, consiguiendo que muchas ong, por temor a las represalias, dejaran de operar. Leyes similares habían sido impuestas en Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Además de Artículo 19, el informe del Departamento de Estado estadounidense menciona como fuentes de información a los medios Aristegui Noticias y el sitio digital Signa Lab sobre la situación laboral en la agencia Notimex. El documento también aborda casos de violencia, hostigamiento, estigmatización de periodistas, asesinatos e impunidad, entre otros tópicos que afectan la libertad de expresión en México.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
