La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que no se implementará el impuesto a los videojuegos que formaba parte del Paquete Económico 2026. En una reciente conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que la complejidad de distinguir entre videojuegos “violentos” y aquellos que no lo son hace que sea difícil aplicar un gravamen en este sector. “¿Cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia?”, aseguró.
La mandataria detalló que, aunque el impuesto no fue eliminado de la Ley de Ingresos, se tomó la decisión de no cobrarlo en un esfuerzo por promover campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes sobre los riesgos asociados con ciertos tipos de videojuegos. Sheinbaum subrayó la preocupación por la posibilidad de que estos juegos fomenten la adicción y conductas violentas, sugiriendo una estrategia alternativa centrada en la construcción de la paz.
Durante la misma conferencia, el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que la promoción de conductas violentas a través de los videojuegos es un fenómeno que ha crecido en los últimos años, especialmente comparado con datos de 2016. Este aumento en el contenido violento en los videojuegos es motivo de análisis cuidadoso, según Kershenobich.
Sin embargo, la decisión de la presidenta no está exenta de debate. Ricardo Monreal Ávila, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que Sheinbaum no tiene la facultad de revocar el impuesto, que fue aprobado por el Congreso en octubre del año pasado. Monreal enfatizó que la implicación fiscal constituida en la Ley de Ingresos no solo es un estimado, sino una obligación formal que no puede ser inaplicada por el Ejecutivo.
Este cruce de declaraciones y decisiones plantea interrogantes sobre la viabilidad de futuros esfuerzos legislativos y el impacto de los videojuegos en la sociedad. En un contexto donde la salud pública y la regulación del entretenimiento se entrelazan, la discusión sobre cómo abordar el tema sigue siendo relevante y compleja.
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