El Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos legales en materia de subcontratación, conocido como outsourcing.
Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, la minuta pasara al Ejecutivo.
La reforma laboral, impulsada por los sectores patronal, sindical y el gobierno federal recibe este aval tras dos años de negociaciones y sólo permitirá la subcontratación en caso de servicios y obras especializadas distintas al objeto social o actividad preponderante de la empresa que se beneficie de éstos.
En su intervención la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que después de dos años de perseverancia se logró “un acuerdo a través del diálogo social que impide el acceso a los derechos al trabajo digno y decente para las mujeres y hombres que trabajan de manera remunerada en nuestro país”.
“Fueron dos años de discusión, donde hubo muchas diferencias, donde hubo confrontación, donde hubo ideas contrastantes con respecto a cómo regular el outsourcing, prohibiendo el tipo de contratación que dejaba sin derechos o que deja sin derechos laborales a las y los trabajadores”, agregó.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, esperó que todas las propuestas venideras se generen “con el mismo espíritu constructivo, con la misma disposición a escuchar y a construir entre todos lo que es de importancia para la nación, ojalá todas tuvieran la misma legitimación”
“El dictamen que ha sido puesto a consideración de esta honorable asamblea da cuenta de los acuerdos construidos entre la representación gubernamental, la representación empresarial y la representación de las y los trabajadores en torno a un asunto de interés nacional: la subcontratación laboral”.
El coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que en el mundo hay otros instrumentos enfocados en la protección del trabajo “como un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos, considerándolo como una parte de la dignidad humana”.
“Es decir, era importante que lo hiciéramos, dado que estamos llegando tarde, 16 años después”, acotó.
De Morena, Casimiro Méndez Ortíz, afirmó que, en un día histórico, se les corrigió la plana “a los legisladores neoliberales del ayer”. “Les vamos a corregir la plana a aquellos legisladores que, en 2012, le partieron la madre a los derechos de los trabajadores de México”, aseguró.
El senador Damián Zepeda pidió no confundir al afirmar que se suprimió o eliminó la subcontratación, ya que el paso que se dio en el Congreso de la Unión es una regulación a este modelo de contratación para evitar abusos en contra de los derechos laborales.
Por su parte, el senador perredista, Marco Trejo Pureco, celebró que se legara a un acuerdo para establecer un régimen que no prohibiera de manera absoluta la subcontratación.
“Que existiera un régimen que se enfocara en combatir aquella que se utilizaba como una simulación para evadir las obligaciones de seguridad social de las personas trabajadoras y de la contribución al erario”, comentó.
Los cambios aprobados establecen la responsabilidad solidaria para las prestaciones laborales, a fin de que los trabajadores que sean contratados por cualquier servicio u obra especializados puedan exigirle al patrón que los contrata seguridad social, en beneficio de mejores salarios, pensiones más dignas y acceso a la vivienda y servicios de salud.
Establece que el monto de la participación de utilidades (PTU) tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, hola según convenga al trabajador.
Condiciona a las compañías a un permiso otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tendrá que ser renovado cada tres años, ya que de operar en la ilegalidad se prevén multas que se ubican entre dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 179 mil y cuatro millones 481 mil pesos.
La STPS inscribirá en un padrón público a todas las empresas que acrediten estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social y el cual estará disponible en un portal de internet para su fácil consulta.
De acuerdo con los últimos cambios aprobados por los diputados federales, el pasado 15 de abril, estipula que las empresas del sector privado tengan tres meses para su implementación a partir de su entrada en giro en mayo, mientras que extiende este plazo a seis para el gobierno federal, quien deberá ajustarse a esta nueva regulación “en el ejercicio fiscal de 2022”.
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Entre las objeciones de algunos grupos parlamentarios como el PT, consideraron necesario eliminar el tope al reparto de utilidades, así como redefinir o definir los conceptos de “objeto social” y “actividad preponderante”, ya que la redacción actual permite que la mayoría de los trabajadores se encuentran subcontratados, lo que implica que las empresas tendrán mayor personal que contratar directamente.
Algunos otros como el PRD y el PAN también mencionaron que buscarán qué las empresas privadas puedan tener seis meses para la implementación de esta nueva disposición como el gobierno federal en enero de 2022.
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