En un movimiento significativo hacia la dignificación de las condiciones laborales en el sector público, se presentó recientemente en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa destinada a prohibir la contratación de personal por honorarios. Esta propuesta emerge en un contexto donde, tras una serie de reformas laborales para el sector privado, comienza a visibilizarse la situación de aquellos que trabajan en el servicio público.
La iniciativa busca reformar el Reglamento del Congreso capitalino, específicamente eliminando la posibilidad de que asesores y personal de confianza sean contratados bajo la modalidad de honorarios. Actualmente, los grupos parlamentarios y coaliciones tienen la facultad de determinar sus propias necesidades de contratación, lo que les permite optar por esta modalidad, pero la falta de derechos laborales y prestaciones para estos trabajadores ha sido uno de los puntos más criticados.
Los trabajadores por honorarios, que firman contratos temporales de tres a seis meses, enfrentan una grave incertidumbre laboral. Aunque llevan a cabo sus funciones bajo un horario fijo y reciben instrucciones de superiores, carecen de estabilidad y de prestaciones básicas como aguinaldo, prima vacacional y acceso a seguridad social. La exposición de motivos de la iniciativa menciona que esta situación no solo priva a los trabajadores de condiciones dignas, sino que también impacta directamente en la productividad y el bienestar general en el trabajo.
La propuesta apunta a que a partir de su incorporación, los asesores y personal de confianza gocen de derechos laborales y prestaciones, una meta que otros órganos legislativos en informacion.center, como el Congreso del Estado de México y la Cámara de Diputados federal, ya han comenzado a implementar. Se estima que la aspiración a una estabilidad económica y salarial es fundamental para los empleados; de hecho, una encuesta realizada por OCC indica que más del 55% de los encuestados en el sector privado considera esta estabilidad como un elemento clave para su bienestar laboral.
En el contexto actual, el Congreso de CDMX cuenta con 66 legisladores que pueden gestionar la contratación de asesores. Las periodicidades en los contratos de honorarios, sin embargo, perpetúan un ciclo de inestabilidad y precariedad. El legislador Jesús Sesma, quien lidera esta iniciativa, enfatiza en que los derechos humanos, la justicia social y la igualdad deben estar en el centro de la discusión, argumentando que continuar con la actual modalidad es incompatible con estos principios.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo y otros aliados han respaldado la propuesta, que ha sido turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su análisis. Cabe destacar que este no es un primer intento; iniciativas similares ya habían sido planteadas en 2020 sin lograr avanzar.
Con la medida, se espera que las condiciones laborales en el Congreso de la Ciudad de México mejoren notablemente, otorgando el reconocimiento y el respeto que los trabajadores merecen en el ejercicio de sus funciones, contribuyendo así a una mayor justicia social en el ámbito legislativo.
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