La democratización del acceso a la información en México enfrenta serios desafíos, según expertos en el tema, quienes destacan que la reforma constitucional en materia de transparencia aún no ha logrado su objetivo principal: proporcionar a la población acceso efectivo a datos claros y comprensibles. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que el problema radica en la falta de bases de datos abiertas que puedan ser interpretadas por los agentes de inteligencia artificial (IA), herramientas que han revolucionado la manera en que se consulta la información.
Isa Luna Pla, investigadora en temas de transparencia y anticorrupción, añade que la calidad de la información disponible es deficiente, lo que limita el potencial de la IA en ofrecer respuestas precisas. Ambos coinciden en que, a más de un año de la implementación del nuevo sistema, la accesibilidad a información pública no ha mejorado, y se comparan con un modelo anterior que también tenía sus limitaciones.
Bohórquez menciona que, aunque el nuevo sistema está en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y de su órgano desconcentrado, Transparencia para el Pueblo, este continúa operando con procedimientos que parecen anclados al pasado. La mayoría de las solicitudes de información aún se realizan en formato papel, lo que impide la integración de tecnologías emergentes que podrían facilitar el acceso a una base de datos abierta y utilizable.
Por otro lado, la investigadora también advierte sobre un retroceso en la promoción del derecho de acceso a la información, así como en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Este panorama plantea la urgencia de dotar a la SABG de mayores poderes de supervisión, permitiendo así una auditoría efectiva para garantizar que las políticas de transparencia se implementen correctamente en el ámbito de la administración pública.
La situación se complica aún más cuando se observa que las impugnaciones presentadas ante Transparencia para el Pueblo a menudo resultan favorables para la misma dependencia que está siendo cuestionada. En 2025, se llevaron a cabo al menos 102 recursos de revisión, de los cuales 81 fueron admitidos. Sin embargo, la respuesta de la SABG siempre ha sido confirmada, lo que suscita dudas sobre la imparcialidad del proceso de revisión.
La crítica hacia este sistema endeble de acceso a la información se ve reforzada por el hecho de que la transparencia sigue siendo un derecho limitado, al que solo pueden acceder los que tienen las herramientas adecuadas para navegar el entorno poco amigable de la burocracia. A medida que la tecnología avanza y el uso de la IA se vuelve más común, se espera que se replanteen estrategias que faciliten el acceso a información de calidad y promuevan una ciudadanía bien informada.
Por lo tanto, aunque se han hecho esfuerzos por democratizar la información en México, la realidad sugiere que aún queda un largo camino por recorrer. La crítica a los sistemas existentes y el llamado a una verdadera modernización en la forma en que se espera que los ciudadanos accedan a la información pública son más pertinentes que nunca. En definitiva, el acceso a la información debe evolucionar de la mano de las nuevas tecnologías, garantizando que la población no solo tenga acceso, sino que pueda confiar en la calidad de la información que recibe.
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