Reforma penal busca castigar a conductores sin licencia
La iniciativa del gobierno salvadoreño busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para endurecer las sanciones penales.
El gobierno de El Salvador ha presentado una iniciativa para endurecer las consecuencias penales de los delitos cometidos con vehículos de transporte público y de carga. Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentra la prohibición de acuerdos conciliatorios, que permiten cerrar casos mediante mediación o reparación integral.
La reforma busca modificar tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal, e incluye sanciones para conductores sin licencia y también para aquellos que les permitan operar los vehículos. De acuerdo con la propuesta, conducir un vehículo de transporte colectivo o de carga sin autorización requerida ya sea considerado conducción peligrosa.
La reforma plantea penas de dos a cinco años de prisión para conductores que circulen sin licencia o permiso. Sin embargo, si el conductor causa homicidio o lesiones, la pena puede llegar hasta 15 años de cárcel.
Los castigos se extenderían a quienes permitan operar los vehículos sin la correspondiente autorización. La reforma busca eliminar la posibilidad de cerrar estos casos mediante acuerdos conciliatorios, mediación o reparación integral.
La reforma penal propuesta por el Gobierno busca endurecer las sanciones para conductores que incurran en faltas gravísimas al volante, como conducir bajo la influencia del alcohol o con licencias suspendidas.
También se propone aumentar las penas para los propietarios de vehículos de transporte colectivo o de carga que permitan a otra persona sin licencia conducir el vehículo. Esto incluye casos en que el conductor no habilitado provoca un homicidio culposo o lesiones.
La iniciativa también busca modificar las leyes procesales para evitar la conciliación en casos de lesiones culposas, homicidios culposos y conducción peligrosa. Esto significa que los jueces ya no podrían cerrar estos casos mediante acuerdos entre las partes.
El expediente se remitió a la Comisión de Seguridad Nacional para su estudio y discusión en el pleno legislativo.
El Gobierno salvadoreño busca endurecer las sanciones penales para los conductores que incurran en conducción peligrosa, especialmente aquellos que manejan unidades pesadas de transporte público o carga.
Entre las modificaciones propuestas se encuentra el delito de facilitar vehículos de transporte a personas sin la autorización necesaria para conducirlos. De esta manera, se pretende mantener abierta la acción penal hasta que exista una resolución judicial que respalde las acusaciones.
Estas medidas llegan en un momento en que se han producido varios accidentes graves involucrando unidades de carga pesada. El Gobierno ha reforzado los controles de circulación, inspecciones y revisiones técnicas para prevenir futuros accidentes.
Los hechos más recientes incluyen el choque de una volqueta contra 14 vehículos en el bulevar Constitución de San Salvador, que dejó dos personas fallecidas y al menos trece lesionadas. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, afirmó que la unidad circulaba a más de 100 kilómetros por hora antes del impacto, lo que complicó el control del conductor.
Se han identificado varias unidades sin autorización para circular en la empresa dueña del camión que participó en el accidente múltiple en los Chorros.
Además, un vehículo pesado estuvo involucrado en otro siniestro en la carretera Panamericana, dos días después de ocurrido el primero. Según informes, cinco personas perdieron la vida y 27 resultaron heridas. El Viceministerio de Transporte llevó a cabo revisiones exhaustivas sobre los componentes del vehículo involucrado.
Entre las medidas implementadas se encuentran la revisión de neumáticos, frenos, sistemas hidráulicos, circuitos eléctricos y accesorios obligatorios de seguridad. Al menos 46 unidades de transporte pesado fueron decomisadas por no cumplir con los requisitos mínimos para circular, aunque la mayoría recuperó su autorización tras la renovación de la tarjeta de circulación y la corrección de las deficiencias detectadas.
La implementación de estas medidas de control se mantiene en vigor mientras avanza la discusión legislativa sobre las nuevas penas propuestas para infractores de la ley.
Datos basados en información reportada originalmente por Infobae América.
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