En un avance significativo hacia la protección de los inquilinos, la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el 22 de marzo de 2026 una iniciativa de reforma constitucional que tiene el potencial de transformar el panorama habitacional en la capital. Esta propuesta establece, por primera vez, límites constitucionales que impiden que los incrementos en los precios de alquiler superen el índice de inflación, posicionando a la ciudad como pionera mundial en este ámbito.
Ante un contexto alarmante donde el 66% de los jóvenes rinde y los precios de alquiler han aumentado más de un 30% en los últimos cuatro años, la reforma exigirá al Gobierno diseñar una política robusta de vivienda social y aplicar medidas concretas contra la gentrificación, que ha desplazado a numerosos residentes de sus comunidades.
La iniciativa no solo se limita a regular rentas; también reconoce el “Derecho al Arraigo Vecinal y Comunitario”, un concepto que se traduce en garantizar que los habitantes puedan permanecer en sus barrios y mantener su identidad cultural. Asimismo, propone la creación de una institución pública que medie y defienda los derechos y obligaciones de las partes involucradas en los contratos de alquiler, brindando así protección tanto a inquilinos como a arrendadores.
La mandataria subrayó que esta decisión responde a una necesidad social palpable, recordando que más de tres mil millones de personas en el mundo sufren la falta de una vivienda adecuada. Según datos presentados durante la conferencia, dos millones de capitalinos viven en viviendas de alquiler, una cifra que ha aumentado en 135 mil personas entre 2010 y 2020. Además, desde 2015, el precio de la vivienda se ha duplicado, impactando especialmente a los jóvenes, donde solo uno de cada diez posee una vivienda propia.
La reforma se fundamenta en cuatro pilares clave que servirán de base para la futura Ley de Rentas Justas: primero, la prohibición de aumentos anuales de alquiler que excedan la inflación; segundo, la obligación del Gobierno de aumentar significativamente la disponibilidad de vivienda social; tercero, la creación de una entidad dedicada a la defensa de las relaciones entre inquilinos y arrendadores; y, por último, el reconocimiento del derecho al arraigo vecinal.
Brugada Molina hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para que se inicie el proceso legislativo, con la expectativa de que la reforma y la ley secundaria sean discutidas y aprobadas en la próxima sesión que comienza en septiembre. “Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio”, concluyó, reafirmando su compromiso con una Ciudad de México más habitable.
Estos cambios, que buscan garantizar el derecho a la vivienda y combatir la gentrificación, marcan el inicio de un camino que podría redefinir la relación entre los inquilinos y la estructura urbana de la capital.
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