Reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial desencadena debate sobre uso de motocicletas en México
Representantes de aplicaciones de reparto y transporte como Rappi, Didi, Uber e inDriver han expresado su preocupación por una posible sobrerregulación que podría encarecer el acceso a esta herramienta de trabajo.

La reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ha desatado un intenso debate en torno al uso de motocicletas en México. La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados ha impulsado esta discusión, que ahora se extiende a diferentes sectores, incluyendo plataformas digitales, fabricantes, repartidores y autoridades estatales.
Representantes de aplicaciones de reparto y transporte, como Rappi, Didi, Uber e inDriver, han expresado su preocupación por una posible sobrerregulación que podría encarecer el acceso a esta herramienta de trabajo. Según sus argumentos, la reforma no debe traducirse en una serie de obligaciones administrativas, laborales y de seguridad vial que resulten excesivas.
Para Fernando Cota e Isabella Mariño, representantes de Rappi, el 87% de los repartidores se conecta eventualmente a esta herramienta para complementar sus ingresos familiares. Exigir licencias especiales, permisos y capacitaciones obligatorias podría crear una barrera de entrada para estos trabajadores ocasionales.
Algunas plataformas también han solicitado la eliminación de artículos que duplican obligaciones empresariales y generan costos desproporcionados. De esta manera, se busca diferenciar el reparto de mercancías del traslado de pasajeros para evitar una regulación excesiva.
La directora ejecutiva de Alianza INN, Fabiola Peña Ahumada, ha alertado sobre los posibles efectos de los nuevos controles administrativos contemplados en los artículos 52 y 67. Según ella, estos podrían excluir a trabajadores ocasionales del uso de estas herramientas.
La reforma a la Ley de Movilidad ha desencadenado un debate intenso entre diferentes actores del sector. Julia Ortiz Ríos, representante de Uber, y Martina Martínez Gómez, de Didi, han planteado la necesidad de definir con claridad la figura de intermediación digital para evitar confusiones en las responsabilidades.
Las empresas también están discutiendo sobre cómo se debe regular el uso de los vehículos. Grupo Coppel propuso que los distribuidores puedan retener las unidades hasta que el comprador acredite el pago de placas, mientras que la ANTAD sugiere que la constancia de homologación recaiga en fabricantes e importadores.
Las organizaciones de repartidores también han hecho su voz escuchar. Brenda Arneth Rodríguez Luna, de Frentes de Conductores Libres y Responsables de la CDMX, ha denunciado que las aplicaciones cobran a los trabajadores por el equipo necesario para realizar sus labores. Ella exige que tanto el equipo como los cascos se entreguen sin costo.
Francisco Edgar Balderas González, vocero de Repartidores Unidos de México, ha condicionado la aceptación de la revista vehicular anual a que sea gratuita y cuente con capacidad institucional suficiente. Además, Erick Ventura Correa reclama equidad en los exámenes de certificación, ya que los motociclistas deben responder 100 preguntas mientras que los automovilistas solo responden 20, lo que genera una desigualdad significativa.
Datos basados en información reportada originalmente por El Economista.
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