Rechazo del sector de centros de datos al real decreto sobre energías renovables
La patronal SpainDC y la Comunidad de Madrid han decidido llevar su oposición al Tribunal Supremo ante el real decreto sobre centros de datos aprobado por el Gobierno español, que podría provocar una fuga de inversiones hacia países como Portugal.

La patronal del sector de centros de datos, SpainDC, y la Comunidad de Madrid han decidido llevar su oposición al real decreto sobre centros de datos aprobado por el Gobierno español ante el Tribunal Supremo.
Ambos actores temen que las exigencias energéticas contenidas en el decreto puedan provocar una fuga de inversiones hacia países como Portugal, lo que pondría en riesgo proyectos tecnológicos con millones de euros invertidos.
La Comunidad de Madrid y SpainDC han solicitado medidas cautelares para frenar la entrada en vigor del decreto, que exige que los centros de datos utilicen un 80% de energía renovable nueva en cada tramo horario.
El real decreto aprobado por el Gobierno central también incluye un régimen transitorio hasta 2032 para la adaptación progresiva a las exigencias de energías renovables, con periodos específicos para alcanzar los objetivos establecidos.
La oposición del sector y la Comunidad de Madrid se basa en que las exigencias del decreto pueden ser demasiado estrictas y no permiten suficiente flexibilidad para tecnologías como la fotovoltaica.
Aunque el gobierno español incluyó un régimen transitorio en el decreto sobre centros de datos, las comunidades autónomas y las empresas del sector siguen cuestionando su viabilidad.
La mayoría de los proyectos previstos podrían abandonar España si se mantiene el decreto, según la patronal SpainDC. La empresa estima que entre el 80% y el 90% de los proyectos en marcha podrían ser cancelados debido a las restricciones impuestas por la normativa.
Algunas empresas ya han manifestado su intención de trasladarse a otros países, como Portugal o Francia, donde las condiciones para establecer centros de datos son más favorables. Se estima que hay inversiones por valor de 9.000 millones de euros en riesgo de ser transferidas fuera de España.
La Comunidad de Madrid planea presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelar del decreto, mientras que otros territorios como Aragón y Andalucía también están preparando recursos similares. Además, la región de Madrid también considera denunciar a la Comisión Europea por considerar que la regulación española es demasiado restrictiva en comparación con las normas europeas.
El sector de centros de datos teme que la aprobación del decreto cause un éxodo de proyectos tecnológicos hacia otros países con regulaciones más flexibles.
La dependencia tecnológica de España aumentaría significativamente si se construyen pocos o ningún centro de datos en el país, lo que dificultaría el desarrollo de inteligencia artificial y economía digital.
Empresas del sector energético e inmobiliario han expresado su oposición al decreto debido a que las exigencias energéticas impuestas elevarían sustancialmente los costes de construcción y explotación de centros de datos en España.
Las grandes empresas tecnológicas podrían trasladar sus proyectos a países con regulaciones menos estrictas, lo que supondría la pérdida de inversiones y empleos por miles de millones de euros.
El decreto que regula los centros de datos en España ha sido objeto de controversia y ahora se dirige al Tribunal Supremo. Las grandes empresas tecnológicas podrían trasladar sus proyectos a países con regulaciones menos estrictas si el decreto es anulado, lo que supondría la pérdida de inversiones y empleos en millones.
La cuestión ha sido llevada a los tribunales por las administraciones de Madrid y EspañaDC, quienes sostienen que el decreto es inválido. La sentencia del Tribunal Supremo será decisiva para determinar el futuro de este sector en España.
Datos basados en información reportada originalmente por Columna Digital Negocios.
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